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Arturo Yáñez Cortes
22/10/2018 - 11:26

El "nuevo" FGE

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En el curso de la semana que empieza será posesionado el nuevo Fiscal General del Estado, con lo que concluirá la funesta gestión de 6 años del Fiscal Guerrero, en medio del escándalo (y otros que no tardarán en salir a la luz, se dice). Para el sistema de justicia, fundamentalmente penal, ese alto cargo tiene una importancia significativa puesto que –constitucionalmente- el CEO del Ministerio Público debe liderar ese organismo encargado nada más ni nada menos que de la defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y el ejercicio de la acción penal pública.

son los principales retos de la nueva autoridad? Sostengo que le espera una gestión nada pacífica y con grandes retos. Para empezar, dadas las circunstancias de su designación claramente decididas por cuestiones partidarias y completamente alejadas de la meritocracia –de hecho, la nueva autoridad no es penalista- debería demostrar que no continuará el deplorable desempeño de su antecesor que convirtió al MP en una repartición más del régimen, implementando el derecho penal del enemigo para encubrir a sus partidarios y perseguir –hasta forzada e ilegalmente- a los del bando contrario. Tarea difícil si se considera que el nuevo FGE es una ficha conocida del régimen, al extremo que años atrás aceptó ser designado a dedo por el Presidente como Magistrado del Tribunal Constitucional…violando la CPE, en sus arts. 12. III y 140.I que prohíben la concentración y delegación de funciones.

Pero dejando atrás el pasado, le toca al nuevo FGE institucionalizar al MP, implementando -de a de veras- un sistema confiable de selección y evaluación meritocrática de los Fiscales y demás personal del MP, completamente alejada de consideraciones partidarias u otras que sólo han prostituido su función, dejándola en el estado que hoy está. De hecho, recibe de su antecesor un flamante presente griego, puesto que habiendo ya anunciado que inmediatamente despedirá a los 9 fiscales departamentales, la designación que haga de los nuevos, será –salvo algún milagro, que dudo ocurra- incumpliendo la DT 3a de su propia Ley Orgánica de 2012, que sólo le permite nombrar directamente el FGE por una sola vez a los Fiscales Departamentales. Hasta donde se sabe, la gestión saliente no fue capaz de implementar un sistema de selección de esas autoridades de alta importancia (pues cierran el sistema penal, en cada distrito) y ahora, el nuevo, habiendo adelantado lo que dijo, recibirá ese presente y… violará su propia LOMP. Pésimo comienzo de ocurrir, aunque no encuentro otra alternativa.

Recibe entonces una institución completamente desinstitucionalizada y con las peores imágenes del sistema de justicia. Superar ese lastre debiera ser su principal tarea, empezando por implementar una carrera fiscal (fundamentalmente los Fiscales de Materia y el IDIF) y reinventar al MP de forma que cumpla razonablemente en todos los casos, incluyendo los de interés del régimen al que me temo, sirve; para lo que será imprescindible cumpla con la razón de existencia del MP: el principio de objetividad (art. 225.II de la CPE) que obliga al fiscal no sólo obtener los elementos probatorios que le permitan sustentar su acusación sino también lo contrario. ¿Podrá? O –como señaló su muy cercano Ministro de Justicia- continuará la gestión previa, con lo que no sólo mantendría sino agravaría –Borges decía que nunca se sabe hasta dónde puede caerse tan bajo- la situación de la justicia boliviana.

Otro dictador, STALIN, decía que la llave del poder está en el Derecho Penal y dudo, por ello, que el régimen haya dejado pasar la fabulosa oportunidad de mantener la vergonzosa sujeción del MP a sus designios totalitarios, habiendo sólo renovado una ficha por otra. Amanecerá y veremos, aunque como había opinado cuando en su momento en las mismas circunstancias el régimen nombró a su antecesor, la pregunta era si habría alguien capaz de empeorar la desde ya difícil situación del MP. El FGE Guerrero lo logró, ¿será que el nuevo bate ese triste record? Por lo pronto, me remito a ROXIN: “Un Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho Penal”.

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