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Arturo Yáñez Cortes
24/09/2018 - 10:28

Condenar al inocente y mucho más

El audio divulgado de la juez del caso Jhiery Fernández y su reciente entrevista televisiva en la que patéticamente intenta justificar lo injustificable, muestran el asqueroso estado del arte del sistema de administración de justicia, especialmente, penal.

El audio divulgado de la juez del caso Jhiery Fernández y su reciente entrevista televisiva en la que patéticamente intenta justificar lo injustificable, muestran el asqueroso estado del arte del sistema de administración de justicia, especialmente, penal.

Aunque para muchos, entre los que me incluyo, lo revelado no fue precisamente una novedad y, a pesar de las grotescas y sobre todo hipócritas reacciones de varios –Min. Justicia, Consejo de la Magistratura, Presidente del TSJ, etc- que ahora frente a las cámaras se rasgan sus vestiduras pretendiendo disimular su responsabilidad aunque sea por omisión, lo acaecido me recuerda aquella frase anónima sobre los bikinis: “Lo que dejan ver es sugerente, pero lo que esconden es vital”.

En ese sentido, cabe empezar indagando (nos): ¿Cuántos inocentes más habrá injustamente condenados por la justicia plurinacional? Y no precisamente por “errores” que como humanos por supuesto todos podemos cometerlos, aunque, tratándose de un sistema de justicia constituido –supuestamente– por pesos y contra pesos, cualquier error debiera terminar enmendado por los tribunales superiores… ¿Será así?

Es vital diferenciar claramente aquellos errores de horrores como el que nos ocupa, u otros en los que la causa obedece a la inocultable falta de independencia de varios jueces y magistrados (no todos) y falta de objetividad de fiscales (no todos).

Y es que si se le puede sacar algún beneficio de lo ocurrido, es que por si algún ingenuo requería de más pruebas, resulta que el poder partidario u otros peores –¿los amoríos y miserias de algún poderoso?– terminan decidiendo el resultado de algunos procesos, al extremo de no reparar en condenar a un inocente. Los abogados decimos es preferible absolver al culpable, que condenar a un solo inocente. 

Entonces, no seamos ingenuos en quedarnos contemplando y por supuesto, repudiando ese árbol podrido que es aquel caso. Veamos el bosque y ahí encontraremos la causa principal del estado del arte de la justicia penal que supera lo estrictamente jurídico y avanza hacia lo político: no existe separación de órganos o poderes. El Ejecutivo a cargo del régimen lo controla todo; el Legislativo sólo levanta las manos cumpliendo las órdenes de su jefazo y hasta ovaciona a sus ministros pese a las evidencias en contra, el Judicial le bendice su “derecho humano” a intentar relegirse sine die, el Electoral se hace al del otro viernes con el resultado del 21F y así sucesivamente, las “instituciones” u “órganos” no cumplen con su razón de existir, han sido convertidos en otras estrategias envolventes. ¿Y el ciudadano? Inerme ante ese deformado poder.

De ahí que la Fiscalía, tratándose de causas en las que existen intereses del partido así aparezcan disfrazados como del gobierno o del Estado –que son lo mismo, dada esa deformada concentración– no defiende los intereses de la sociedad y menos procede con base a la defensa de la legalidad y peor de la objetividad, sino que actúa de la manera grotesca recién divulgada e incluso, ahora persigue al mensajero, eludiendo ingresar al mensaje ¿por qué? La respuesta la olemos todos. Por si fuera poco, el tercero imparcial –los jueces– en este tipo de casos, son absolutamente incapaces para ejercer su rol fundamental: poner límites a las actuaciones de las partes y hacer justicia. Salvando, como de costumbre, las excepciones que me consta existen, para confirmar la regla.

Entonces, sensiblemente, inocentes condenados injustamente existen muchos y de no cambiar aquel sistema perverso que caracteriza a las dictaduras, habrá muchos más. Eso sí, en la vía de la esperanza, me remito a Russell: “No creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz”.

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