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Arturo Yáñez Cortes
23/07/2018 - 17:37

“Errores" del sistema de justicia...

Hace días atrás, la ciudadanía, especialmente chuquisaqueña quedó consternada por la violación de una niña de 9 años con Síndrome de Down por un sujeto, incluso alguna funcionaria llegó a decir que su agresor le había cortado la lengua para que no hablará (aunque luego fue desmentida). La Policía presentó al supuesto agresor, el Ministerio Público lo imputó (violación agravada), apareció el Ministerio de Justicia sumándose a la denuncia del hecho y, por supuesto, una Juez Cautelar resolvió su detención preventiva.

Hace días atrás, la ciudadanía, especialmente chuquisaqueña quedó consternada por la violación de una niña de 9 años con Síndrome de Down por un sujeto, incluso alguna funcionaria llegó a decir que su agresor le había cortado la lengua para que no hablará (aunque luego fue desmentida). La Policía presentó al supuesto agresor, el Ministerio Público lo imputó (violación agravada), apareció el Ministerio de Justicia sumándose a la denuncia del hecho y, por supuesto, una Juez Cautelar resolvió su detención preventiva. Hasta ahí, todo parecía transcurrir como otro caso más, rumbo a la condena, después de varios años.

Empero, esa natural indignación fue superada por una sorpresiva noticia: el pasado viernes, la misma Policía que había presentado al anterior “culpable”, tuvo que –afortunadamente- recular y zas!!! presentó a otra persona, esta vez –en serio, dice- el verdadero autor de ese execrable hecho. Cuando escribo esta columna, los chismosos del Facebook informan que el primer “culpable” acaba de ser liberado, aunque estuvo –injustamente detenido en San Roque- por aproximadamente, 14 días. ¿Le habrán pedido, siquiera, disculpas?

Pues bien, no pretendo hacer leña del árbol caído (en realidad, se trata de varias de sus ramas: policía, fiscalía y judicatura, que le metieron no mas), empero lo acaecido trae a colación indagar (nos) ¿Cuántas personas estarán en similar o peor situación? ¿Nuestro sistema de administración de justicia, fundamentalmente penal, tiene la suficiente confiabilidad e independencia para evitar casos como ese o aún peores?

Adviertan que por su naturaleza, la justicia penal es la más fea de la película, puesto que aunque afortunadamente en Bolivia, por lo menos formalmente, no existe pena de muerte, el que te tenga así sea una noche detenido en una cárcel, de forma injusta e indebida e incluso desproporcionada (como usualmente ocurre), es por supuesto, una gravísima violación de DDHH y una grave irresponsabilidad estatal.

Convengo con algun@s, que en este caso como en otros parecidos, por su naturaleza, existe una presión nada despreciable del entorno (la víctima, sus defensores, los medios, etc) que pone en una situación muy difícil a los operadores de justicia, a quienes se les exige “resultados inmediatos” que se traducen en dar inmediatamente con el autor y claro, luego del escarnio público (ante los medios), cautelarlo.

La Comisión Interamericana en el “Caso García Fajardo y otros Vs. Nicaragua” enseña que se está ante un error judicial: “cuando a través de 1) un fraude, 2) negligencia, o 3) conocimiento o comprensión errónea de los hechos, una decisión judicial no refleja la realidad y puede ser entendida como injusta”. En el que nos ocupa, estamos ante una cadena de errores de operadores del sistema que, debiera proceder con base a pesos y contrapesos: la policía debe ser controlada por la fiscalía y ambos por el juez e incluso entre todas las partes, mediante el sistema impugnaticio, pero todo indica que aquí, todos fallaron ¿Por qué? ¿Será que pesa más la naturaleza repudiable del hecho por encima de lo racional, de lo justo o de lo legal? ¿Hubiéramos aprobado la decisión del juez si no hubiera cautelado al primer imputado? ¿Será que el sistema se acostumbró a tratar a las personas como un número de FIS o NUREJ no más? Y conste que, estoy consciente que es fácil afirmar que el puente se iba a romper después que lo cruzas y se rompe.

Aprovecho aquí para llamar la atención que existen muchos otros casos, con imputación, detención, acusación, condena y todo, (por ejemplo piensen en el caso 24 de mayo) en los que esa injusticia no obedece a esos “errores”, sino a que algunos operadores, especialmente altos cargos u operadores de cierre del sistema, que DEBEN subsanarlos, han hecho de su acceso al sistema y su supervivencia, un cruel ejercicio sistemático de injusticia, usualmente por el pago de las facturas por su inmeritorio nombramiento (en Chuquisaca, tenemos Vocales que se aplazaron en su examen, fueron descalificados u ocuparon los últimos puestos y ejercen el cargo), mediocridad, athawaterio o las más viles de las sumisiones, al poder partidario u otros; esa según ellos, es la única forma de ser algo en la vida: “Cualquiera que tenga el poder de hacerte creer idioteces, tiene el poder de hacerte cometer injusticias.”, escribió VOLTAIRE

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