Hace algunos días, la Asamblea Legislativa, tras una interpelación, felicitó al ministro de Gobierno por la intervención en la cárcel de Palmasola, una acción policial que derivó en la muerte violenta de ocho prisioneros, que supuestamente planeaban una fuga masiva. La misma Asamblea acaba de aprobar un proyecto de Ley que determina la impunidad previa, para los militares y policías que, en labores de combate al contrabando, utilicen sus armas de reglamento y ocasionen la muerte de supuestos delincuentes, aunque se trate de choferes, cargadores, comerciantes o comunarios indígenas de la zona. Basta que los uniformados afirmen que fueron atacados previamente.

Estos sucesos, que debieran ser una excepción en un Estado de derecho, se están convirtiendo en una regla constante. Como ejemplos podemos citar casos como el asesinato de un viceministro y seis mineros en 2016, las muertes de Caranavi en 2012, los decesos no esclarecidos en celdas policiales, en cuarteles militares y en movilizaciones ciudadanas, e incluso hechos luctuosos como el asalto a Eurocronos, en el que se optó por una intervención armada, pese a la evidencia que la vida de los rehenes podía ponerse en peligro.

Aunque en las acciones señaladas hubo intervención directa e impune del Estado, este problema se extiende a toda la sociedad. Los datos oficiales muestran que en 2017, la cifra de feminicidios alcanzó a 111. Hasta ahora, el país registra 419 casos en los cuatro años de vigencia de la Ley 465, colocándonos como uno de los Estados con más alto promedio de feminicidios en el continente.

En relación a los infanticidios, en 2017, el número de casos subió a 87, casi el triple que el año anterior, alcanzando 230 en los últimos cuatro años. Ambas variables continúan en un pavoroso ascenso, pero sobre todo muestran una constante de crueldad y saña tan extrema que desafía nuestra propia definición de humanidad.

Todos estos datos, que parecen aislados o disfuncionales, muestran con mayor contundencia, el progresivo avance en nuestro país, de lo que la Conferencia Episcopal de Bolivia llamó hace poco “la cultura de la muerte”, es decir un conjunto de acciones y decisiones conscientes y planificadas, que tienden a desvalorizar o relativizar la vida, en cuanto derecho fundamental y esencia básica de la convivencia humana.

A propósito, es paradigmático que en el defenestrado Código Penal, el debate sobre el derecho a la vida tuvo menos incidencia que el de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la protesta o las garantías para el ejercicio profesional.

Lo paradójico es que Bolivia es uno de los países pioneros en las definiciones y la positivización del concepto de la vida como valor supremo, asociado a la naturaleza, la madre tierra y los otros seres vivos, al extremo de sancionar penalmente y generar indignación pública ante la crueldad hacia las mascotas o la caza de animales silvestres.

historia nos muestra que cuando una sociedad relativiza el respeto a la vida, y asume que aquello que es nocivo para la comunidad, debe eliminarse, terminará por eliminar lo que considere anormal e incluso diferente. Es imprescindible que reflexionemos que el espíritu de toda ley es proteger la vida y desde esta premisa, todos estamos llamados a defender aquello que ayude a resguardarla. Como dijo Mahatma Ghandi “nadie puede crear vida y nadie tiene derecho a quitarla”.