La Paz, 19 de agosto (Oxígeno).- Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, en los meses de junio y julio de este año, identificó la presencia de 145 niños y adolescentes que trabajan en el Cerro Rico de Potosí. Sin embargo, ese número, de acuerdo con el informe entregado hoy, puede ser más alto porque los menores aumentan su edad para continuar trabajando. 

De esta cifra, el 91% son adolescentes de entre 15 y 17 años que trabajan en interior mina; un 6% está entre 8 y 12 años y un 3% entre 13 y 14 años que realizan trabajos en la parte externa.

En informe denominado “Estado  de situación de niños, niñas y adolescentes que viven en el Cerro Rico y trabajan en la actividad minera” fue presentado este lunes por el Defensor del Pueblo. Rolando Villena, y señala que adolescentes de entre 16 y 17 años, son atraídos por una “buena paga” en la actividad minera en el Cerro Rico, donde perciben entre 1.200 y 3.400 bolivianos mensuales por  cuatro horas diarias de trabajo, a cambio ponen en riesgo su vida, abandonan la escuela  y se les vulneran sus derechos laborales y de salud, principalmente.

El estudio, que contó con el apoyo de la organización Tierra de Hombres-Holanda y se realizó en cuatro sectores del Cerro Rico: Robertito, La Plata, Caracoles y Pailaviri, donde se entrevistó a adolescentes, niñas y niños, además de familiares, profesores y autoridades, muestra además, que otros  280 niños, niñas y adolescentes viven junto a sus madres que trabajan 24 horas al día en las bocaminas como “guardas” o “serenas” dependientes de las cooperativas mineras, en viviendas precarias, sin servicios básicos ni condiciones de seguridad y apoyan en la labor que ellas realizan sin recibir ningún pago.

En Potosí

El Defensor Villena que se trasladó a esa ciudad para presentar el informe a las autoridades, medios de comunicación y dirigentes, se reunió previamente en el Cerro Rico con adolescentes trabajadores y sus familias y señaló que “la remuneración que reciben por su esfuerzo, ha llevado a que abandonen la escuela, a trabajar sin un contrato laboral, a no exigir seguro de salud y, fundamentalmente, a poner en riesgo su vida ya que ingresan a interior mina sin el equipo de seguridad necesario”

Asimismo dijo que existe desatención por parte de las instituciones del Estado, que en lugar de proteger, resguardar y garantizar su bienestar en las actividades mineras, muestra permisividad y falta de control sobre las cooperativas que entre sus prioridades no está el garantizarles seguridad, protección y cuidado.  “Los resultados de esta investigación serán enviados a las autoridades respectivas con las recomendaciones y las exigencias para que se cumpla lo que manda la ley y la Constitución”, indicó

La autoridad indicó además que “La Defensoría del Pueblo está cumpliendo con su trabajo de visibilizar y denunciar el estado de los derechos de la niñez y adolescencia y este estudio es una guía muy importante para comprender la naturaleza y dimensión del problema; ahora demandamos de las instituciones nacionales y locales que se lo enfrente desde una mirada honesta, decidida y efectiva; con la participación de los actores y recurriendo a mecanismos progresivos pero sostenidos, que puedan en primera instancia, asegurar que se garanticen los derechos humanos de los adolescentes que hoy se ven en la obligación de trabajar en la actividad minera”.

La Representante Defensorial de Potosí, Jackelin Alarcón, a tiempo de presentar los resultados, indicó que el 95.2% de los adolescentes no tiene contrato escrito de trabajo y a éstos tampoco les interesa exigir la firma de un contrato por la expectante remuneración que reciben y prefieren evitar conflicto con sus empleadores. Casi la totalidad de ellos desconoce sus derechos laborales y las instancias adonde pueden acudir en caso de incumplimiento de deberes de la parte empleadora.

En lo que se refiere al acceso a la salud, el 83% de los 145 niños y adolescentes entrevistados, no cuenta con seguro de salud.  Cuando se enferman el 62.6 % acude a un centro de salud pagando por el servicio, el 21.6 % acude a una farmacia y  el 15.7 % se cura en casa con remedios caseros. El inicio a temprana edad en el trabajo minero y su permanencia disminuye la esperanza de vida saludable.  A esta situación se suma el riesgo en el que trabajan. El 94% de los adolescentes entrevistados indicó que trabaja en interior mina sin haber recibido ningún tipo de capacitación sobre seguridad  industrial, lo que junto a su inexperiencia, los expone a sufrir  accidentes.

Sobre los 280 menores que no trabajan para las cooperativas, pero que apoyan en las labores que realizan sus madres como “guardas” o “serenas”, 108 son niños, 42 adolescentes mujeres y 42 adolescentes varones. El estudio defensorial  evidenció que viven en condiciones inadecuadas y expuestos a la contaminación minera. Todas y todos asisten a la escuela  y apoyan en la venta de comida, cerveza y otros artículos a los mineros y no tiene un espacio de recreación. Preocupa la situación de las adolescentes mujeres que, según información de sus madres, son acosadas por los trabajadores adultos

Las viviendas en las que viven con sus madres, que en su mayoría son de adobe con techo de calamina y piso de tierra, las ocupan en calidad de préstamos de los empleadores. Este ambiente es utilizado como dormitorio, cocina, comedor y muchas veces como tienda y como depósito de las herramientas de los mineros, incluyendo las dinamitas. Cuentan con luz eléctrica pero no con agua potable ni servicios higiénicos.

Otros datos del estudio

El 84.8% de los adolescentes que trabajan en interior mina, percibe semanalmente entre Bs. 300 y 900 bs,  un promedio de Bs. 2.400 de forma mensual, por un trabajo diario de 4 horas.

Los adolescentes varones trabajan en interior mina, las mujeres lo hacen en el exterior de la mina.

El 64.1% trabaja en la mina de manera eventual y el 35,9 % de manera permanente, estos últimos se mantienen en la actividad minera porque adquieren responsabilidades familiares al convivir o casarse y tener hijos a muy temprana edad.

Solamente el 19.3% fue contratado por un socio cooperativista, lo que dificulta la exigibilidad de sus derechos laborales.

El 74.5 % dice que le gustaría trabajar en otros rubros.
El 82.6 % de  adolescentes no reciben ropa de trabajo de sus empleadores, solo el 16 %  cuenta con ropa de trabajo cuyo costo es descontado de su salario.

El 100% de las familias no cuentan con servicios higiénicos. La disposición de excretas y basura a campo abierto agudiza  el efecto de contaminación presente por la actividad minera.

El Estado a través de sus instituciones no tiene presencia en el  Cerro  por lo que las organizaciones privadas que realizan trabajos en estos sectores de alguna manera reemplazan la labor del estatal, sin embargo no es suficiente.

Existe poca  fiscalización y control en materia laboral por parte de la Jefatura Departamental del Trabajo y una ausencia de las Defensorías de la niñez y adolescencia en cuanto a las condiciones de vida en el cerro de los niños, niñas y adolescentes que viven junto a sus madres.

No existen Políticas Estatales que regulen el trabajo de los y las adolescentes y de  las mujeres que viven con sus hijos en el cerro  cumpliendo un trabajo de  24 horas al día.  

La única presencia estatal identificada en el sector es COMIBOL que realiza un trabajo de control y supervisión al trabajo de áreas de explotación.