Santa Cruz, 30 de noviembre (Oxígeno).- Varias instituciones de Santa Cruz encabezadas por el Comité Cívico a través de un manifiesto público rechazaron hoy la Ley de incentivo a la Exploración de Hidrocarburos.

Adelantaron que junto con otras regiones productoras harán una defensa conjunta de los recursos que se distribuyen a través del Impuesto Directo de los Hidrocarburos en favor de la salud, educación, carreteras y empleos.

“Rechazamos de manera unánime la confiscación de recursos este proyecto de ley viola la voluntad del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 2004, que establecía que esos recursos deben ser priorizados para educación, salud, caminos y empleos”, afirma el manifiesto en su redacción central.

El oficialismo propone que las gobernaciones y municipios de las regiones productoras de petróleo “inviertan en las labores de exploración” con los recursos del IDH con el compromiso de que obtendrán 10 veces más de lo invertido en caso de que se encuentre más petróleo o gas.

La regiones mostraron su desacuerdo porque esa inversión podría no estar garantizada si es que no se encuentra nuevos yacimientos en las zonas exploradas.

Las entidades cruceñas exigen al Gobierno que priorice la ejecución de un Pacto Fiscal para que los gobiernos sub nacionales puedan administrar de una forma menos centralizada sus propios recurso en favor de proyectos de la región.

Es absurdo que quienes manejan casi el 90% de los recursos de todo el país recorte recursos a gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas para financiar lo que YPFB tenía que haber invertido durante estos 10 años”, dijo el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera.

Por su parte, el senador de Demócratas, Oscar Ortiz, aseveró que este no es un manifiesto político sino cívico y regional en defensa de los recursos que corresponde por Ley a un departamento productor.

“Tenemos que reclamarle al Gobierno que se haga cargo de sus responsabilidades y competencias utilizando los recursos que tiene en abundancia para financiar la explotación de hidrocarburos sin confiscar los recursos de salud y educación de las gobernaciones y municipios”, enfatizó.

En representación de la mancomunidad chiquitana, Germaín Caballero, aseguró que un recorte más es insostenible para los municipios que deben sostener la gratuidad en todos los servicios de salud pública. “La exploración es una competencia exclusiva del Gobierno central”, recalcó.  

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