La OEA presentó un informe en el que afirma que el gobierno de Nicolás Maduro viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana y pide suspenderlo.
La declaración ha sido firmada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
El fiscal jefe de Pozo Almonte presentó la acusación por tres delitos: robo con violencia de intimidación, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.
Cerca de 3,5 millones de personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el agua. En América Latina, el 8% de las personas no tendrían acceso al agua potable.
El presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren, advirtió que existe "fundada preocupación" porque el decreto puede esconder una intención de culpar a migrantes por el "aumento del delito".
El canciller chileno realizó una puntualización, y afirmó que las autoridades bolivianas cometen un error al sugerir que el fallo de la Corte cederá una salida soberana al mar.