La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la cancelación de la personalidad jurídica decretada por la Asamblea Nacional de Nicaragua en contra del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), la Asociación Hagamos Democracia (HADEMO), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país.

La Comisión también manifiesta su preocupación por la presentación de proyectos para cancelar la personalidad jurídica de otras organizaciones, entre ellas, el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur-Este de Nicaragua (Fundación del Río), el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal.

De acuerdo con la información recibida por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), las iniciativas presentadas y aprobadas en la Asamblea Nacional responsabilizan a las organizaciones de realizar acciones tendientes a desestabilizar al país, por la comisión de delitos al gestionar recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas.

La Asamblea Nacional basó su dicisión en la posibilidad de cancelar la personalidad jurídica de una organización “cuando fuere utilizada para la comisión de actos ilícitos”, “cuando fuere utilizada para violentar el orden público”, o “por realizar actividades que no correspondan a los fines para que fueron constituidas”.

Adicionalmente, según información de conocimiento público, los decretos de cancelación de personalidad jurídica disponen que los bienes y acciones de las organizaciones sancionadas tendrán el destino previsto en el acta constitutiva de la misma o, si nada se hubiera dispuesto, serán propiedad del Estado.

La Relatora para Nicaragua, Comisionada Antonia Urrejola, señaló: “Debemos recordar que algunos de los representantes de las organizaciones afectadas han tenido que huir de Nicaragua por ser perseguidos o han sido deportados, como es el caso de Ana Quirós de CISAS. Resulta esencial revisar la normativa invocada en las decisiones del legislativo a la luz de los estándares internacionales y garantizar a los integrantes de las organizaciones sancionadas todas las garantías del debido proceso".

La Comisión expresa su preocupación respecto de que la verdadera intención detrás de la cancelación de la personalidad jurídica de estas organizaciones, sin garantías del debido proceso, sea coartar la capacidad de las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos de cumplir con su legítima labor de defender derechos humanos en Nicaragua. 

“La disolución forzada de las organizaciones civiles, especialmente de las defensoras de derechos humanos, constituye una de las formas más severas de restricción de la libertad de asociación. Además, se trata de una medida que afecta a las personas acusadas y a sus defensores, y estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país”, expresó por su parte Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH.