Los cuatro mapuches que realizan una huelga de hambre en Chile desde hace 113 días fueron trasladados al Juzgado de Garantía de Temuco para comenzar la audiencia de preparación de juicio oral, son acusados de haber incendiado un centro religioso evangélico en la comuna de Padre Las Casas. El magistrado a cargo fijó para el lunes 10 de octubre, la continuación de la audiencia de preparación de juicio oral.

Los mapuches piden un "juicio justo", que no se les aplique la ley antiterrorista y que la Fiscalía no utilice testigos protegidos; el juez asignado ordenó que el Ministerio Público entregue la lista y los testimonios de los testigos a la defensa.

El jefe mapuche Alfredo Trancal y los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol fueron trasladados desde la cárcel de Temuco, donde se encuentran en prisión preventiva, hasta el tribunal de la ciudad, ingresaron en sillas de ruedas debido a su delicado estado de salud, informó el portal de noticias Emol.

El Juzgado de Garantía de Temuco mantiene la imputación del Ministerio Público por el delito de incendio, en carácter de terrorista. La investigación se llevó a cabo bajo la Ley Antiterrorista, una norma creada durante la dictadura de Augusto Pinochet que establece penas más graves que los delitos comunes.

En la audiencia, el magistrado Nicolás Martínez Conde Schell sí acogió la solicitud de la defensa de los comuneros mapuches, y ordenó a la fiscalía entregar, a más tardar el próximo lunes 2 de octubre, las carpetas investigativas que contengan las declaraciones íntegras de 12 testigos con identidad reservada, algunos de los cuales, además, tienen la calidad de víctimas en la causa, "documentos que deben señalar los nombres completos o al menos sus iniciales, y omitir, si es preciso, sus direcciones".

Están acusados de haber realizado un ataque incendiario a una iglesia evangélica en la comuna de Padre de las Casas la tarde del jueves 9 de junio de 2016, procediendo a disparar al interior del templo, irrumpiendo un culto religioso en el que se encontraban ocho adultos y cinco menores, a quienes habrían amenazado con armas de fuego para que salieran del inmueble.