Colombia
Redacción Oxígeno
19/12/2016 - 08:52

La ONU advirtió que la ley de indulto a las FARC debe cumplir la normativa internacional

Según el organismo, el régimen de libertad anticipada o transitoria debería incluir programas de apoyo psico-social y de reintegración.

Las FARC comenzaron el proceso de desmovilización.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió, a través de un comunicado, que la ley de indultos y amnistías que se está tramitando en el Congreso colombiano para favorecer a guerrilleros de las FARC "debe cumplir con obligaciones internacionales". 

El proyecto de ley debe "responder a un marco legal que respete los límites que impone el derecho internacional" teniendo en cuenta a las víctimas. Además, debe "aplicarse de manera excepcional, condicionada e individualizada y generar el régimen de estímulos requeridos para lograr el funcionamiento adecuado de los mecanismos de verdad, justicia y reparación”.

"La Oficina recomienda implementar una secuencia lógica entre las medidas y la puesta en marcha de un sistema efectivo para vigilar y controlar el cumplimiento de las condiciones", señaló la ONU al enumerar algunas de las medidas que podría aplicar el Gobierno para garantizar la verdad, la justicia y la reparación. 

Según el organismo, el régimen de libertad anticipada o transitoria debería incluir programas de apoyo psico-social y de reintegración; medidas que aseguren su comparecencia ante la Justicia; aportes a la verdad sobre las violaciones; realización de trabajos que sean socialmente valiosos; acciones de garantías de no repetición; y acciones de contribución a la reparación. 

Finalmente, aunque el organismo internacional reconoció que la participación efectiva de las víctimas hará que el proceso sea más lento y dispendioso, consideró que "es un factor determinante para garantizar la transparencia y la certeza en la aplicación de este tipo de medidas". 

Después de que la Corte Constitucional avalara la tramitación rápida de proyectos de ley necesarios para implementar lo acordado con las FARC, el Gobierno presentó ante el Congreso la ley de amnistía, “un instrumento que anula o extingue la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal por conductas relacionadas con el conflicto armado, por delitos políticos, pero que no procede frente a delitos que violen los derechos humanos".

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