El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este miércoles que se solicitó un informe al Gobierno Autónomo Municipal La Paz (GAMLP) por el presunto incremento “abusivo” en el costo de los nichos del Cementerio General de La Paz.

“Defendiendo los derechos de los usuarios, referente a este aparente incremento abusivo o arbitrario que estuviera asumiendo el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, (se solicitó el informe). Reitero, respetando las funciones y competencias, vamos a asumir defensa de aquellos usuarios que se vieran afectados”, aseguró Silva.

El martes, administradores de las funerarias de La Paz se declararon en estado de emergencia, luego de que, desde el 1 de enero, el Cementerio General incrementó hasta en Bs 100 el costo de los nichos.

“En el día, estamos remitiendo la solicitud de informe y esperamos que la respuesta sea a la brevedad posible”, expresó Silva.

Ante esta situación, el Viceministerio anunció que se reunirá con la Asociación de Funerarias de La Paz para evaluar la situación.

La Alcaldía habla de una “actualización” y justifica la medida

Entretanto, la directora de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, Patricia Endara, informó que se aplicó una actualización de costos por prestación de servicios post mortuorios, en función de la cotización de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) y al estudio de precios que se realizó en 2022.

Afirmó que la medida está vigente desde el 1 de enero de 2024 y permitirá realizar el mantenimiento, mejoras, embellecimiento y habilitación de espacios en el Cementerio General.

“Somos una entidad descentralizada del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sin fines de lucro, los recursos que se recaudan son reinvertidos en los cementerios que administramos”, remarcó la autoridad edil.

 “La actualización de los precios está basada normativamente en la Resolución de Directorio N° 18/2023 y está ligado a la cotización de la UFV y al estudio de costos efectuado. Esta medida, que se lleva a cabo cada año, es de conocimiento de los usuarios, así como de algunas empresas funerarias”, explicó Endara.

La autoridad agregó que el campo santo es “un bien de uso de dominio público” y las funerarias no pueden hacer contratos previos con los dolientes. Explicó que la asignación de espacios para nuevas sepulturas se efectúa en un “acto público mediante un sorteo digital en el día”, además en presencia de los familiares y tramitadores; con esta acción, dijo, se “fortalece la trasparencia institucional”.