Sucre, 11 de septiembre (Oxígeno).- La Fiscalía General del Estado procedió a la entrega de certificados de participación y aprobación de los cursos de capacitación en “Uso de los Idiomas Oficiales del Estado Conforme a Territorialidad”, a más de 500 servidores públicos que concluyeron satisfactoriamente los cursos en los idiomas nativos de quechua, aymara, guaraní y mojeño trinitario, desarrollados por la Escuela de Fiscales.

El fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, manifestó que esta capacitación permitirá que las y los servidores de la institución que no conocían el idioma oficial ahora lo manejen a nivel comunicativo y los que tenían conocimiento previo fortalezcan sus conocimientos en escritura.

“No debemos fijarnos la cara de las personas y cómo viene vestida para atenderla y darle un buen trato porque ante la ley todos somos iguales, todos tenemos derechos y obligaciones (…). El trato amable con la ciudadanía debe ser todos los días y no solo en sociodramas”, manifestó en quechua.

Para Guerrero es importante que el servidor domine el idioma de acuerdo a la territorialidad para prestar un mejor servicio a la población.

La capacitación se desarrolló en los nueve departamentos del país y los fiscales y servidores públicos participaron de manera activa y presencial en los cursos. Se desarrolló competencias comunicativas y lingüísticas de 578 servidoras y servidores del Ministerio Público.

En el Programa de Capacitación participaron 11 docentes para los 4 idiomas, todos con el grado de licenciatura en el área y destacados profesionales con experiencia académica en la enseñanza de idiomas oficiales en diferentes casas de estudio a nivel nacional.

De acuerdo con la información, el número de capacitados en Chuquisaca son 131, La Paz 141, Santa Cruz 141, Cochabamba 112, Potosí 29 y Beni 24 servidores públicos que participaron activamente y cumplieron con el mandato de la Constitución Política del Estado, la disposición adicional primera de Ley Orgánica del Ministerio Público N° 260 y la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas N° 269.

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