La Fiscalía impidió hoy que la Alcaldía de Cercado inicie la demolición programada del puente de un distribuidor vial de la ciudad de Cochabamba, que colapsó en 2015, porque precisa que se mantenga intacto para usarlo como prueba en un proceso penal que se inició a los constructores de esa obra, informó el representante regional del Ministerio Público, Ever Veizaga.

"El puente para nosotros es un elemento probatorio valioso y no podemos permitir que esta prueba se destruya", expresó.

Según la estatal ABI, Veizaga explicó que la estructura debe mantenerse intacta para que se realicen nuevos estudios, porque la presentación de un peritaje hecho como anticipo de prueba en marzo con el fin de garantizar la continuidad de la causa penal iniciada para el caso fue anulada el 6 de abril por la juez primer de instrucción anticorrupción, Susana Céspedes.

Sostuvo que el procedimiento fue dejado sin efecto porque un perito contratado por el Instituto de Investigaciones Forenses que hizo un diagnóstico del puente no habría efectuado su labor según los requerimientos solicitados.

"La juez habría entendido que se habría realizado otros puntos de pericia (diferentes a los solicitados) Sin embargo, nosotros no compartimos esa resolución judicial, pero debemos respetarla", sostuvo.

RESGUARDO POLICIAL

Entre tanto, un contingente aproximado de 70 efectivos de la entidad del orden bajo el mando del subcomandante regional de la Policía, Marco Encinas, fue desplazado en el puente colapsado, ubicado en la avenida 6 de Agosto, para evitar su demolición.

"Nosotros vamos a estar acá el tiempo que sea necesario porque tenemos una orden judicial emitida por autoridad competente para cuidar la integridad del puente", aseveró Encinas.

Por su lado, el asesor general de la Alcaldía, Ricardo Pol, lamentó lo sucedido y dijo que una reunión de autoridades municipales vinculadas con el tema del puente colapsado definirá esta jornada, alrededor de las 10.00, qué medidas se tomará respecto a la resolución de la Fiscalía.

Un grupo de vecinos y transportistas, por su parte, comenzó una protesta porque la suspensión de la demolición evitará que varias calles cerradas para el tráfico vehicular hace seis meses por el colapso del puente sean reabiertas, con la continuidad de diversos perjuicios que esa medida les causa a diario.