La censura es al periodismo lo que la hediondez al perfume. Lo curioso es que, pese a su antonimia, ambos son hermanos porque no solo nacieron juntos sino también del mismo padre.

El periodismo moderno tiene su antecedente más cierto en el Acta Diurna, aquella publicación manuscrita y varias veces copiada que Cayo Julio César mandó elaborar con el fin de que el pueblo romano se enterara de todo cuanto se trataba en el Senado.

Sin embargo, la historia del periodismo enseña que César no pretendía informar al pueblo sino restarles poder a los senadores. Por ello, la información que se incluía en el Acta Diurna pasaba previamente por su control y solo se publicaba lo que al dictador le convenía. Así, periodismo y censura nacieron juntos y bajo el influjo de las pugnas políticas.

Debido a ese origen, el poder político intentó controlar al periodismo en todo tiempo y lugar. Esa actitud es la que Vladimir Hudec denomina el “deseado control”.

Bolivia no fue ni es la excepción. Al instaurar la libertad de prensa en el país, mediante la primera Ley de Imprenta promulgada el 7 de diciembre de 1826, el presidente Antonio José de Sucre introdujo más artículos para controlarla que para permitirla.

El “deseado control” de la prensa mantuvo confrontados a gobernantes y periodistas hasta 1925, cuando se promulgó la Ley de Imprenta que continúa vigente. La pugna no acabó sino simplemente se atenuó. De cuando en cuando, el poder intentó controlar a la prensa y hasta lo consiguió en la noche de las dictaduras. El retorno de la democracia significó el restablecimiento de las libertades ciudadanas y la de prensa tiene su sustento jurídico en la ley de 1925 que, entre sus escasas ventajas, incluye el secreto de la fuente.

Es por eso que los periodistas defienden la Ley de Imprenta a rajatabla. Están conscientes de que la norma necesita actualizarse pero saben que, si se deja ese trabajo a los políticos, estos no cederán a la tentación de introducir artículos destinados a lograr el “deseado control”.

Que entre senadores y diputados haya periodistas no es garantía de que las reformas se realicen sin contaminación. Nuestra historia reciente está plagada de casos en los que periodistas que incluso lucharon en las calles por la defensa de la Ley de Imprenta se convierten en sus verdugos cuando llegan al poder. Tampoco podemos culparles porque, al final de cuentas, ya no pueden pensar como periodistas desde el momento en que asumen papeles políticos.

Como parte de su estrategia para permanecer el mayor tiempo posible en el poder, el gobierno del MAS es uno de los más interesados en controlar a la prensa y es por ello que, luego de negarlo durante nueve años, por fin ha admitido que intentará “actualizar” la Ley de Imprenta.

Por ello es que repito, esta vez con argumentos históricos, que cualquier reforma a la Ley de Imprenta debe pasar primero por manos de los periodistas. Una vez que el sector apruebe los cambios, recién estos deberían pasar al legislativo.

Proceder de otra forma sería admitir que solo se busca el “deseado control” para evitar un periodismo incómodo cuando el MAS intente prorrogarse en el poder.