A tiempo de enviar un saludo cordial a quienes siguen atentamente esta columna, les expreso mis mejores deseos de éxitos en este nuevo año que recién comienza, y que trae consigo 365 oportunidades de vida, lo que significa que debemos vivir día a día, con alegría, esperanza y deseos de superación, teniendo siempre nuestra confianza puesta en Dios, creador y hacedor de nuestras vidas.

En esta ocasión, recuerdo que el pasado 10 de diciembre de 2015, el Defensor del Pueblo destacaba que la sociedad había sufrido el debilitamiento de la institucionalidad y la calidad de la democracia. Asimismo, dijo que existía una permanente vulneración de los derechos humanos en el país, especialmente de pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, además de la falta de credibilidad en el Tribunal Constitucional, el Órgano Electoral y los casos de corrupción evidenciados en la Policía, el Ministerio Público y el extinto Fondo Indígena.

“Todavía el Estado, especialmente el Órgano Legislativo, no tiene una concepción integral de los derechos humanos. Hay lecturas parciales, sesgadas de los mismos. Cuando se produce la vulneración de derechos (…) por esa inacción del Estado o porque el acceso a la justicia es el verdadero escollo, esto se constituye en un problema grave”, sostuvo en una conferencia de prensa, a tiempo de mostrar las principales conclusiones de su informe defensorial anual.

Así también puso en evidencia el debilitamiento de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral que destituyó a todos sus miembros, y la “crisis profunda y prolongada” del sistema judicial, dado que estos problemas generan “un marco de incertidumbre respecto a la garantía y cumplimiento de los derechos constitucionales relativos a la justicia, probidad y transparencia”.

No obstante de lo anteriormente señalado, el Defensor también reconoció los avances en el acceso de las mujeres a espacios políticos, pero precisó que pese a que el 51% de las concejalas a nivel local son mujeres, todavía no hay gobernadoras, siendo que sólo resultaron electas 27 alcaldesas en los comicios subnacionales del pasado año.

En este nuevo año 2016, el Defensor del Pueblo se mantiene en su posición objetiva, advirtiendo un debilitamiento progresivo de la calidad de la democracia en Bolivia y de las instituciones fundamentales del Estado, por la constante injerencia del Gobierno.

"(Hay) un mayor debilitamiento de instituciones estatales fundamentales, debido al desmedido afán de control de parte del Órgano Ejecutivo y a un sistemático crecimiento de la corrupción que ha permeado a una parte de la institucionalidad de manera incontrolable”, señala en un comunicado difundido en el tercer día de este nuevo año. Asimismo señala que se han impuesto mecanismos de control sobre las organizaciones sociales, "cuyas dirigencias responden también a la actual gestión política, y han abandonado toda forma de lucha por los derechos de los sectores”.

Por otro lado, en referencia al acoso del Gobierno a las organizaciones no gubernamentales (ONG), el Defensor indica que "han sido afectadas a través de leyes y decretos que, vulnerando derechos a la libertad de asociación y de expresión, les obligan a adscribirse a la línea de opinión y los dictámenes del Gobierno”. Y es que, definitivamente, "estos mecanismos, junto a una sobrerreacción sistemática de algunas autoridades y presión ejercida contra medios de comunicación o periodistas que cuestionan decisiones o medidas que se toman desde el Gobierno central, están generando un debilitamiento progresivo y sistemático de la calidad de la democracia”.

Estas afirmaciones, de la principal autoridad encargada de defender los derechos humanos en el país, confirma las opiniones y criterios que particularmente habíamos expresado a tiempo de participar en un seminario nacional realizado en el mes de noviembre del pasado año en la ciudad de Santa Cruz (acerca de la Reelección Presidencial), en donde sostuvimos también que uno de los factores que debilitan nuestro sistema democrático, es precisamente la reforma forzada de la Constitución, que será sometida a la decisión de la voluntad popular el próximo 21 de febrero.

En aquella oportunidad, habíamos establecido que si bien es innegable que en Bolivia rige un sistema democrático, en donde algunas de las decisiones políticas son sometidas a consideración de la ciudadanía, para que exprese su voluntad a través del voto popular; sin embargo, se trata de una democracia desfigurada por el actual régimen de gobierno, que inobservando el mandato del constituyente, ha secuestrado la voluntad popular sustituyéndola por los presuntos pedidos de aquellas “organizaciones sociales” afines a su ideología (o más bien, serviles a sus órdenes), y ahora pretenden modificar la Constitución sólo para acomodarla a sus intereses políticos, afectando así la vigencia de los derechos políticos de los bolivianos(as) y la alternabilidad en el ejercicio del poder, todo lo cual debilita nuestra propia institucionalidad democrática.

En consecuencia, la alternancia en el ejercicio del poder político, es flagrantemente desconocida y relegada a segundo plano, cuando no se quiere renunciar a esa posición privilegiada de gobernar y dirigir los destinos de un país, de manera sucesiva, continuada, e indefinida. Esto quiere decir, que la forzada reforma parcial de la Constitución para constitucionalizar el “prorroguismo” en lugar de la “alternancia”, y el posterior referéndum al que se pretende convocar con el propósito de lograr la perpetuación del actual régimen de gobierno, constituyen una tendenciosa manipulación de las disposiciones constitucionales, para concentrar el poder en favor de intereses personales de un caudillo y su cúpula de poder político, lo cual es absolutamente incompatible con el Estado Democrático de Derecho, que es una de las bases del actual Estado Plurinacional.

Ante este panorama, no resulta aconsejable mantener por más tiempo, un régimen de gobierno autoritario, que constantemente pretende cambiar los marcos establecidos por voluntad soberana del constituyente en la Ley Fundamental, desconociendo el pluralismo político y la alternancia en el ejercicio del poder, que ciertamente son inherentes a nuestro régimen democrático, pero también necesarios para nuestra subsistencia como una sociedad libre y democrática.

En todo caso, será el pueblo quien deberá expresar su conformidad o rechazo frente a semejantes atropellos sufridos por la Constitución, y en consecuencia, deberá asumir la responsabilidad de decidir un mejor futuro de plena libertad y justicia para todos los bolivianos y bolivianas, para que podamos vivir sin temor a más represalias, sin ningún tipo de persecuciones arbitrarias.

He ahí el desafío que tiene la sociedad boliviana en su conjunto, y que deberá afrontar con bastante responsabilidad y madurez democrática, para evitar que la Constitución boliviana y nuestros derechos sigan siendo desconocidos por un solo grupo de poder que pretende perpetuarse en el gobierno.