El Senado sancionó este martes la Ley de Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral.

En una rápida sesión, aprobó la norma con las medicaciones incluidas en la Cámara de Diputados, que había remitido la Ley a primeras horas de este martes.

“El pleno de la Cámara Alta sancionó por más de 2/3 el proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral. La norma será remitida al Órgano Ejecutivo para fines Constitucionales”, confirmó el Senado a través de sus cuentas en las redes sociales.

Precisamente, el presidente del Senado, Diego Ávila, destacó que “la Cámara de Senadores ha considerado todas las modificaciones de la Ley, y las mismas fueron aprobadas por 34 de los 36 senadores”. “Estamos dando certezas al país", señaló.

Aclaró, asimismo, que este proyecto de ley pasa al Órgano Ejecutivo con fines constitucionales para proseguir con el proceso de Elección, Selección y Designación de los Vocales al (TSE).

La Ley consta de 41 artículos y 5 disposiciones finales, que buscan garantizar un proceso transparente en el marco de la Constitución Política del Estado.

La Cámara Baja había realizado ajustes sustanciales a la Ley, como la eliminación de diferencias entre la veeduría nacional y la internacional, otorgando un tratamiento igualitario a ambas y fortaleciendo los mecanismos de control social.

Otra modificación destacada fue la reducción del plazo de la fase de selección, de 45 a 15 días, con el objetivo de otorgar mayor celeridad y certidumbre al proceso. También se amplió el sistema de evaluación al incorporar la probidad como criterio fundamental, junto con la formación académica y la experiencia profesional. Por razones de tiempo, el examen oral fue sustituido por una prueba escrita, manteniendo la objetividad y estandarización de la evaluación.

Asimismo, la norma establece que todo el proceso estará regido por principios de igualdad de oportunidades, paridad de género, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, objetividad y legalidad.

Finalmente, la norma incorpora la independencia institucional, la transparencia y la plurinacionalidad, asegurando la participación de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y población afroboliviana en condiciones de igualdad.