El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, presentó la mañana de este miércoles una Petición de Informe Escrito (PIE), dirigida al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que explique cuáles son las bases jurídicas en las que se sustenta para llevar adelante el “reconteo” de actas de las elecciones de octubre de 2019. 

Pedrazas dijo que ni la Constitución Política del Estado (CPE), ni la Ley de la Procuraduría General del Estado número 064, disponen atribuciones expresas para que la Procuraduría General del Estado (PGE), efectué análisis, estudios o auditorías en materia electoral de un proceso cuyas etapas precluyeron.

“Queremos saber cuál es la posición jurídica del Procurador con relación a la Ley 1266 del Régimen Excepcional, con la que se llamó a alecciones de 2019, producto del fraude electoral cometido por su cliente Morales. Que se dediquen a trabajar, que dejen de confundir a la población y eviten generar escenarios de conflictos”, dijo Pedrazas.

A partir de esta solicitud, el procurador debe responder cuál es la base legal, financiamiento y metodología científica para efectuar el “recuento de actas electorales”.

Por otra parte, el legislador manifestó que un “recuento” de actas no tiene validez jurídica. Asimismo, aseguró que todos los bolivianos tienen presente el “fraude antidemocrático cometido por el gobierno autocrático del MAS y comprobado por organismos internacionales”.

"Si el Procurador cree que ese es el trabajo que le compete, entonces debe renunciar, porque está cometiendo un delito", dijo Pedrazas.

Finalmente, Pedrazas le recordó al procurador que su función es defender al Estado y "no a Evo Morales" e instó a esta autoridad a un debate público.

Revisión de actas de las elecciones generales de 2019

Por su parte, el procurador general del Estado explicó que este trabajo permitirá demostrar que la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó un análisis de integridad electoral y no una auditoría sobre los comicios de 2019, lo que representa el incumplimiento de un acuerdo previo con el Órgano Electoral Plurinacional.

También señaló que las conclusiones sobre el presunto fraude fueron realizadas sin base alguna y, aparentemente, solo con intenciones políticas. “La OEA no ha utilizado ningún parámetro de auditoría nacional. No ha hecho auditoría al cómputo, que era el objeto central, al que se había comprometido”, dijo Chávez.

“La OEA presentó un informe preliminar no previsto en el acuerdo. Lo único que hizo fue darnos una muestra de apenas 226 actas donde supuestamente encuentra irregularidades”, señaló la autoridad.