El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, expuso hoy ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España, descartó la manipulación en el sistema de conteo de votos de los resultados finales del proceso electoral, afirmación que realizó durante la Petición de Informe Oral (PIO) sobre el proceso de investigación denominado Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Durante la sesión, el Fiscal General del Estado respondió a un cuestionario de siete preguntas al pleno del Legislativo, en el que señaló que “el protocolo utilizado durante el proceso electoral está dividido en dos fases independientes (TREP y Cómputo oficial) en las que se registran las imágenes de las actas, logs de cada registro de acta y de cada verificación de acta. Por esto, cualquier manipulación sobre los resultados dejaría rastro en las bases de datos y provocaría inconsistencias que no se han detectado en la pericia”.

Lanchipa agregó que la manipulación de los resultados, imágenes de acta y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas, se considera desde el punto de vista técnico como altamente improbable, dado la coherencia en los datos almacenados en el sistema.

En cuanto a la metodología de prueba y reglas de pericia que se aplican en el código de Procedimiento Penal Boliviano, agregó que en cumplimiento a dicha normativa se incorporó el dictamen pericial “Análisis de Integridad Electoral, Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019”, al cuaderno de investigaciones, actividad procesal que se encuentra sujeta al respectivo control jurisdiccional, conforme establece la norma.

Asimismo, aclaró que en el expediente del caso también se cuenta con una pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes, un Informe Pericial de Análisis de Integridad Electoral y una pericia en el Área de Documentología y Dactiloscopia, entre otros actuados, que sustentan el requerimiento conclusivo.

Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de impugnaciones previsto en el Código de Procedimiento Penal, después que la Comisión de  Fiscales asignados al caso de La Paz emitiera requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria.

La pericia española

A finales de julio, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se determinó cerrar el caso fraude electoral del 2019, puesto que una pericia informática internacional demostró que no existió manipulación de datos en el proceso electoral, aunque señaló que hubo “negligencias”.

“Con base en todos estos indicios recolectados en la etapa investigativa y principalmente el contenido de la pericia de seguridad informática y administración de redes, en estricta observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la función fiscal, se emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento al determinar que el hecho investigado no constituye delito conforme dispone el artículo 323 inciso 3 del Código de Procedimiento Penal, determinación que ha sido puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”, dijo Lanchipa.

En conferencia de prensa, el Fiscal General afirmó que de acuerdo al resultado de la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España,  se demostró la inexistencia de manipulación en el proceso electoral.

“El informe pericial del proceso electoral determinó que se produjeron negligencias por parte de la empresa NEOTEC, encargada del sistema TREP; sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019. También demostró que los sistemas y las bases de datos del TREP y del Cómputo Oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes”, señaló Lanchipa.

La respuesta de la OEA

Al respecto, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de un comunicado, ratificó los resultados de su auditoría electoral realizada en Bolivia el 2019, en la que halló “irregularidades” en el proceso, y refutó los resultados de la pericia realizada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España, que descartó un presunto fraude en los comicios bolivianos.

“La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha tomado conocimiento de un estudio encargado por la Fiscalía General de Bolivia que, según su introducción, analiza la “integridad de los sistemas informáticos y de la información generada durante las Elecciones Generales del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la verificación de la seguridad de la infraestructura y de los registros existentes de la fecha del proceso electoral”. Habiendo analizado el documento, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de señalar los errores y las omisiones más evidentes del mismo, así como de reiterar los hallazgos del Análisis de Integridad Electoral realizado por la Organización en 2019, y concluye que no es, ni será posible, garantizar la integridad de los datos y dar certeza sobre los resultados de esa elección”, señaló el organismo internacional.

A través de un largo documento, la OEA intenta refutar el informe de la pericia española encargada por la Fiscalía boliviana y que sirvió de base para que el Ministerio Público pida el sobreseimiento de todos los involucrados en el caso del fraude electoral, hecho que desembocaría en el cierre de las investigaciones.

“El estudio pericial, pagado por la fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019. Asimismo, este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección, fue realizado a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral y contratado por la propia fiscalía”, señala el texto.

Además, recordó a Bolivia que la auditoría que realizó después de las elecciones de 2019 es vinculante y pidió al país honrar el acuerdo suscrito hace dos años. De no hacerlo, señaló, el Gobierno  boliviano actuaría en desapego a los acuerdos del Sistema Interamericano.