La Paz, 21 de septiembre (Oxígeno).- Bolivia presentó este lunes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, una solicitud de nulidad al laudo arbitral que obliga al país a pagar $us 50 millones de dólares a la empresa Quiborax por haber revocado una concesión minera en el Salar de Uyuni.

El procurador del Estado, Héctor Arce, rechazó la decisión del tribunal internacional  en el diferendo entre el Estado boliviano y el empresario chileno Allan Fosk, dueño de la concesión minera en el campo de sal e indicó que la Ciadi se “extralimitó” en tomar decisiones que vulnera la soberanía de los Estados.

“En horas de la mañana, se presentó esta solicitud de anulación del laudo arbitral presentado por el Estado Plurinacional de Bolivia y fue recibido por la Secretaría del Ciadi en horas de la mañana del 21 de septiembre”, aseguró Arce.

Explicó que de acuerdo con el procedimiento de este centro internacional, ahora lo que corresponde es la formación “ad hoc” de un nuevo tribunal de anulación, para que se conozca la petición boliviana, y después de los trámites correspondientes, que puede durar varios años, se declare la nulidad del laudo.

En  2004, Bolivia en la administración del expresidente de la República, Carlos Mesa, ahora vocero de la demanda marítima, revocó a Quiborax la concesión minera en Uyuni, provocando una severa crisis en el negocio.

Dos años después, el 2006, la empresa dirigida por Fosk demandó al Estado boliviano por $us 66 millones de dólares ante el Ciadi.

“La Procuraduría del Estado presentó esta solicitud (de nulidad) la cual debe ser tramitada de manera inmediata  y que de seguro generará un proceso de varios meses   y años en los que Bolivia  demostrará que el laudo (arbitral) dictado es absolutamente nulo”, recalcó Arce.

El Procurador General del Estado aseguró que Bolivia es respetuosa de los acuerdos internacionales enmarcados en el Estado de derecho y una institucionalidad reconocida en todo el mundo. Puso como prueba que se llegó a una decena de arreglos con empresas extranjeras tras el proceso de nacionalización, y el país no tiene a la fecha ningún proceso que le genere una situación conflictiva.

Explicó que lo que procede es que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones designe el  Tribunal de Nulidad.

Bolivia pidió al Ciadi que estos tres juristas sean escogidos bajo determinados perfiles  “que actúen en justicia  e imparcialidad”.

///