La última ratio o la razón de Estado (Caso Quiborax 1)

Syntagma
08/07/2018 - 10:23

Por Iván Lima Magne.

Por Iván Lima Magne.

En las últimas semanas se ha generado una serie de imprecisiones jurídicas en el manejo de la información sobre el caso Quiborax, la principal referida a si existió responsabilidad o no del ex Presidente Carlos Mesa, con relación a los hechos ocurridos en su Gobierno. Para analizar el caso es necesario referirnos a la Ley 2564 de 9 de diciembre de 2003, la ley fue promulgada por el Presidente Mesa y ordena la realización de auditorías técnicas, legales, financieras, tributarias, ambientales y laborales. La norma otorga un plazo de 60 días y faculta al Poder Ejecutivo a declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros.

El Procurador General, Pablo Menacho, sostiene que no se realizaron las Auditorias y contrariamente a pocos días de vencer el plazo fijado por la Ley se emitió el Decreto Supremo 27589 de 23 de junio de 2004, luego abrogado por el ex Presidente Rodríguez Veltze y que diera lugar al arbitraje y el laudo en contra de Bolivia.

Por su parte el ex Presidente Mesa, considera que en realidad existió una mala defensa por parte de los abogados del Estado Boliviano, quienes no utilizaron el argumento referido a que Non Metallic Mineral S.A. (NMM S.A.) es una empresa con mayoría boliviana al ser David Moscoso -el socio boliviano- condenado penalmente en un proceso abreviado. La venta a los chilenos fue la que permitió abrir la jurisdicción del CIADI, al habilitar el control de la empresa Chilena Quiborax sobre NMM S.A. y así reclamar la afectación a sus derechos bajo el Tratado de Protección de Inversiones suscrito con Chile.

El Laudo sobre Jurisdicción y la orden del Tribunal Arbitral de no proseguir acciones penales es vital y central en este caso porque al determinar la calidad de “inversionista chileno” el Tribunal al inicio del caso desechó las objeciones bolivianas y ordenó se continúe con el arbitraje porque asumió que Quiborax había logrado probar que realizó inversiones en Bolivia más allá de aspectos formales de registro que se reclamó contra Moscoso, la mentada falsedad carecía de elementos esenciales en el derecho penal moderno como la lesividad entre otros. Se trataba de una falsedad por la falsedad como se acostumbra ver en los tribunales locales, insostenible fuera de nuestras fronteras.

Esa derrota en el Laudo sobre jurisdicción, determinaba y permitía pronosticar que perderíamos el caso, porque tanto la Ley 2564 (aprobada en un Congreso con 27 Diputados y 8 Senadores del MAS) y aún más el DS 27859 y el DS 28527 de Rodríguez Veltze, son vistos por el Tribunal Arbitral como una estratégica conjunta y única de Bolivia, orquestada entre todos gobernantes bolivianos, y basada en un ánimo discriminatorio contra la inversión chilena. Esos los argumentos del Laudo, porque no es posible que el Ejecutivo, declare nulidades de concesiones, cuando esa potestad corresponde al Poder Judicial. Ni la Ley ni los Decretos señalaron el camino adecuado, porque las Auditorias en el peor escenario para Quiborax habrían determinado ajustes, pagos y acciones judiciales en su contra, de ninguna manera la expulsión inmediata de la empresa.

Ambas posturas olvidan el rol del Poder Judicial boliviano, quien era el único que podía haber encaminado un debido proceso que permita la expropiación y el pago de una justa compensación.

Esta situación se agrava cuando se utiliza el sistema penal, para un caso eminentemente comercial de derecho minero. Al inicio al pretender resolverlo contra el socio boliviano Moscoso y ahora al pretender acusar al ex Presidente Mesa. El derecho penal es el último recurso y también el más ineficiente. Contrariamente seguir la vía planteada por el Vicepresidente Álvaro Garcia Linera, parece ser la más prudente. Una Auditoria, que necesariamente debe ser revisada por la Contraloría General del Estado y dar lugar a los procesos de cobro si es que se encuentra responsabilidad civil, de esa forma cada quien pagaría el monto justo que generaron sus acciones u omisiones. Es claro que en esa línea el DS 3582 de 6 de junio de 2018, que autoriza el pago, debe ser tomado en cuenta por el Fiscal General si es que decide presentar una acusación. Ya que dicha norma determinó un acuerdo absoluto de exclusión de responsabilidad penal, hacia Quiborax y NMM S.A. si esto es así el ex Presidente Mesa e incluso los funcionarios de la Procuraduría no podrían ser sometidos a un debido proceso, porque los chilenos que son pieza importante de la aclaración judicial de este caso han sido declarados indemnes y no pueden ser juzgados porque el Gabinete del Presidente Morales avalo y aprobo este acuerdo de cierre.

Finalmente, el pago de los 297 Millones de Bolivianos a Quiborax, demuestra una faceta más de la crisis de la justicia boliviana. Ningún Magistrado reclamo por el desprecio de los políticos oficialistas y opositores al debido proceso y especialmente a la denuncia de redacción de las sentencias en oficinas lejanas a los tribunales. El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, tiene experiencia en estos temas al haber negado la competencia de los jueces civiles en el caso de la expropiación de las acciones de FANCESA. Como se vio en el caso Quiborax el tiempo de la justicia tarda pero llega. Mientras tanto nuestra Altas Cortes debieran pensar que la responsabilidad en la injusticia viene por acción pero también por omisión.

* Imágen: José Manuel Sánchez del Águila Mallabriga - EL Diario de Sevilla


SYNTAGMA

Por muchas razones elegimos para este espacio de opinión el nombre de Syntagma, una de las más fuertes es que, recordando la dicotomía de la lingüística y teniendo presente el antinómico de esta noción desde la epistemología, jamás pretenderíamos ser el paradigma.

 

También elegimos este concepto cargado por miles de años de sentidos por su definición básica: Syntagma es el eje de combinación de las palabras y somos precisamente un grupo de personas que conforman una combinación sintagmática de opiniones muy diversas muchas veces armónicas entre sí y muchas otras en franca contradicción. Con esto Syntagma quiere mostrar que la confrontación de ideas puede convivir, que las disputas de pensamiento muestran los mejores caminos posibles.

 

Por último, los miembros de Syntagma (mayormente, pero con excepciones) han optado por el anonimato debido a diversas razones; sin embargo, también se lo hace como homenaje a la tradición de la expresión de la opinión pública desde el inicio de la germinación del país, cuando en Charcas, las polémicas políticas de los escritos anónimos sembraron el terreno que fructificó y hoy es Bolivia.


 

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