Juicio político es debido proceso (Caso Quiborax 2)

Syntagma
11/07/2018 - 09:21
Ramiro Guerrero - Carlos Mesa

Iván Lima M.

El expresidente Carlos Mesa ayer demostró que no entiende los mandatos de la Constitución. Por segunda vez en el tema Quiborax, se desconoce el debido proceso. Uno está tentado a creer que lo hace de buena fe, porque su asesoramiento legal está dirigido por un abogado que parece encontrar su realización en perder todos los recursos que presenta.

Quien asume la Presidencia del Estado tiene como privilegio constitucional que la Asamblea Legislativa autorice su enjuiciamiento por dos tercios de votos. La fase previa se conoce como Antejuicio, porque se trata de actos procesales no jurisdiccionales. Lo que hacen el Fiscal General y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en esta fase no tiene naturaleza jurisdiccional. Cuando la Asamblea Legislativa autoriza el inicio del juicio (bajo las leyes 44 y 612) habilita la competencia de la Sala Penal del TSJ. La cual asume funciones de Juez de Garantías y es en esa instancia que el expresidente Mesa podrá oponer sus incidentes, su ya anunciada solicitud de prescripción y todos los medios de defensa que considere oportunos. Es en ese tiempo que podrá presentar sus argumentos por debido proceso. Lo que ha hecho en sus seis memoriales y su solicitud de nulidad son actos improcedentes porque aún nadie puede enjuiciarlo ni ejercer jurisdicción.

Un segundo aspecto que el expresidente Mesa no entiende es que la Proposición Acusatoria presentada por el saliente Fiscal Ramiro Guerrero no es una imputación formal. Es por ello que el nuevo Fiscal General, durante la etapa preparatoria —si es que la Asamblea Legislativa autoriza el inicio del juicio— podrá citar a todos los “acusados por el ex Presidente Mesa”. Es bueno que se sienta como un Acusador, porque podrá serlo al igual que todos los bolivianos. En esa etapa se podría ampliar la causa contra todos los exfuncionarios que vendieron o defendieron a Bolivia.

 

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Lo importante es que en el Caso Quiborax existen hechos y tiempos que no pueden ser explicados. Hay certeza que el mal asesoramiento legal recibido por el expresidente Mesa lo llevo a vulnerar el debido proceso. En un Estado de Derecho, incluso los piratas chilenos de Quiborax tienen derecho a un pago por expropiación o nacionalización. La decisión política de nacionalizar no fue acompañada por el asesoramiento legal que determine el pago de la miserable inversión. Alguien no le explicó a Mesa que las cuatro cartas que le mandó Quiborax debían ser respondidas y que había que pagar. La nulidad ordenada por la Ley fue un error, el Decreto de expulsión fue el final de nuestro caso y la decisión de la Superintendencia Minera fue impresentable.

Si la Empresa Non Metallic Minerals S.A. hubiera sido 100% boliviana, el juicio y el supuesto abuso se podría haber litigado solo ante los tribunales de Bolivia. La venta del socio boliviano de Quiborax, Moscoso, a los chilenos abre la competencia del Tribunal Arbitral y genera la jurisdicción bajo el Tratado de Protección de Inversiones con Chile. Uno se pregunta cómo se vería en La Haya que Bolivia decidiera no cumplir con el laudo a favor de Quiborax, con qué moral podríamos reclamar que Chile cumpla de buena fe su obligación de negociar si nosotros no cumplimos una sentencia a favor de los piratas de Quiborax. El laudo sobre jurisdicción explica con claridad meridiana y refuta todos los errores de argumentación de Mesa y sus abogados.

En los próximos meses debemos ajustar la Ley 044 y 612 para garantizar al ex Presidente Mesa un debido proceso con doble instancia Convencional. La Asamblea Legislativa tiene que garantizar a todos los bolivianos que el próximo Fiscal General respete el derecho de todos los seres humanos (así sean unos piratas) a un debido proceso. Necesitamos que el expresidente Mesa asuma su rol político y tenga garantizado que si es hallado culpable sea porque el Fiscal General acuse con pruebas y argumentos de los hechos, porque un Tribunal Supremo imparcial lo juzgue en Sucre con independencia e imparcialidad absolutas.

Esa es la patria del futuro, ese es el país que debemos construir, no necesitamos muertos ni violencia y no queremos que nuestros hijos sufran por los caprichos de los que no pueden construir alternativas serias. Los bolivianos definiremos nuestro futuro en democracia, en las urnas. Con todo respeto expresidente Mesa, respete al Tribunal Constitucional y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si sus abogados no están siguiendo los caminos adecuados, el país no puede ser castigado por sus errores.


SYNTAGMA

Por muchas razones elegimos para este espacio de opinión el nombre de Syntagma, una de las más fuertes es que, recordando la dicotomía de la lingüística y teniendo presente el antinómico de esta noción desde la epistemología, jamás pretenderíamos ser el paradigma.

 

También elegimos este concepto cargado por miles de años de sentidos por su definición básica: Syntagma es el eje de combinación de las palabras y somos precisamente un grupo de personas que conforman una combinación sintagmática de opiniones muy diversas muchas veces armónicas entre sí y muchas otras en franca contradicción. Con esto Syntagma quiere mostrar que la confrontación de ideas puede convivir, que las disputas de pensamiento muestran los mejores caminos posibles.

 

Por último, los miembros de Syntagma (mayormente, pero con excepciones) han optado por el anonimato debido a diversas razones; sin embargo, también se lo hace como homenaje a la tradición de la expresión de la opinión pública desde el inicio de la germinación del país, cuando en Charcas, las polémicas políticas de los escritos anónimos sembraron el terreno que fructificó y hoy es Bolivia.


 

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