El Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar Penal de Santa Cruz, en audiencia de medidas cautelares, determinó este martes la detención domiciliaria, arraigo y fianza de 20.000 bolivianos para David Ricardo Caicedo Balcázar, juez del Juzgado Público Civil Comercial 22 de Santa Cruz, y de Miguel Ángel Brito Yucra, abogado particular, acusados por los delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

La Comisión de Fiscales encabezada por Fernando Daniel Mejía Gallardo rechazó la determinación y anunció que apelarán la decisión; el juez y el abogado han sido imputados por la presunta comisión del delito de Consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.

En la audiencia, la Fiscalía argumentó que existe peligro de fuga, que los imputados tienen la facilidad de influir negativamente en los testigos por lo tanto obstaculizarían la investigación.

“El Ministerio Público manifiesta su inconformidad ante la determinación del juez y presentara el recurso de apelación toda vez que se trata de un hecho en flagrancia donde existen todos los elementos suficientes de convicción que los imputados son con probabilidad autores del hecho que se investiga”, explicó Mejía.

Según el Ministerio Público, el 4 de agosto a las 08:30, Lisseth L. A., presentó una denuncia en contra de Caicedo por haber emitido una serie de resoluciones favoreciendo al abogado Brito quien actuaría como si fuera funcionario.

La Fiscalía Corporativa Anticorrupción Nº 1, acudió de forma inmediata en el Juzgado Público Civil Comercial 22 y se encontró trabajando al abogado en el despacho del juez con cuadernos procesales, por tanto se procedió a la aprehensión de los sindicados.