La presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que durante el tratamiento del nuevo Código Penal que se realizará este año incluirán los delitos que se establecen en el proyecto de ley de pandillas. Sin embargo, organizaciones que trabajan con derechos humanos señalan que el endurecimiento de las penas no reduce la criminalidad y que es mejor trabajar en la prevencion y reintegración.

“Nos preocupa que a solo dos años de la implementación de nuevo código hay propuestas que vayan contra el espíritu del código, introduciendo la vieja formula mágica de endurecer las penas para reducir la inseguridad ciudadana. Eso nunca ha sido demostrado”, señala Roberto Simoncelli, representante de Progetto Mondo, organización que trabaja con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. 

“Planeamos incluir en el nuevo Código Penal los delitos que se establecen en la Ley de Pandillas”, manifestó la legisladora citada en la cuenta de Twitter de la Cámara de Diputados. Pero, Simoncelli señala que es  mejor trabajar con políticas de prevención, programas de integración que incluyen el involucramiento de la sociedad, la familia y que rescaten las potencialidades de cada individuo.

Simoncelli señala que en  las reformas realizadas en el  Código Niño, Niña  Adolescente (CNNA) se pueden encontrar “soluciones eficaces” al problema de la delincuencia desde un punto de vista integral, con caminos de reflexión, integración y programas de rehabilitación. Comenta que el año 2016 se realizaron las primeras prácticas de reparación real víctima/comunidad en la que los adolescentes se responsabilizaron de manera participativa. Indica que este tipo de prácticas sirven para  la reintegración a la sociedad y sirven para que los adolescentes y jóvenes puedan entender el impacto del daño causado. 

La ley de pandillas que se discute en la Asamblea Legislativa propone e el incremento de penas para los involucrados en pandillas. Los adolescentes gozan de atenuantes a sus penas establecidos en el CNNA, pero que de aprobarse la propuesta algunos delitos se agravarían si el infractor pertenece a una pandilla.

El informe Situación de los Derechos Humanos y acceso a la justicia de población vulnerable privada de libertad en Bolivia  realizado por  22 organizaciones de que trabajan por lo derechos humanos destaca como uno de los puntos más positivos en el régimen penitenciario boliviano el hecho de que en el CNNA se hayan acogido las recomendaciones sobre Justicia Penal Juvenil y Derecho Humanos en las Américas de 2011 con una doctrina de protección integral y estándares internacionales en la materia con un enfoque en la justicia restaurativa. Fruto de lo cual en 7 de los 9 departamentos del país se cuenta con centros para medidas no privativas de libertad y en 8 departamentos se cuenta con Centros de Reintegración social para adolescentes. Además, el Ministerio de Educación ha aprobado distintos lineamientos guía y currículos para estos centros.

Simoncelli pone como ejemplo de la posibilidad de trabajar con centros restaurativos el centro penal para jóvenes adultos Qalahuma, que pasó a ser administrado por el Régimen Penitenciario tras haber recibido el apoyo de Progetto Mondo. “frente a esta crisis profunda del sistema penal para adultos, ahí todavía existen experiencias todavía pequeñas o atomizadas pero que demuestran que es posible, cuando hay un cambio de visión, una visión educativa, restaurativa, es posible reducir los indices de reincidencia y crear integración de estos adolescentes y jóvenes”, declara.