“Como Gobierno, garantizamos el derecho a la información, a la comunicación, al ejercicio periodístico, a la libertad de prensa; no tenemos periodistas perseguidos, no tenemos periodistas detenidos”, indicó la autoridad gubernamental .
Los representantes de la Iglesia también realizaron un llamado a encontrar la reconciliación “entre todos y crear un clima fraterno y pacífico, dejando a un lado lo que divide, incluso la violencia verbal, y buscando lo que nos une”.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud y Deportes, hasta el 29 de agosto Bolivia recibió un total de 9.000.110 vacunas. De ese total, 5.850.794 fueron aplicadas (65%) y 3.149.316 se encuentran todavía almacenadas.
El reporte del Ministerio de Salud y Deportes también señala que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 254 casos este domingo; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 743. Los decesos llegaron a 9 y los casos descartados a 2.291 durante esta jornada.
El Procurador General del Estado desafió a los actores políticos que sostienen y defienden la teoría del fraude a revisar las actas del cómputo una a una.
El pasado martes, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el país recibió 326,4 millones de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) “con el propósito de mejorar la liquidez a nivel mundial y hacer frente al impacto de la pandemia del COVID-19”.
El Ministerio de Salud también informó que hasta este sábado 3.185.497 personas ya fueron vacunadas con las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19 y 2.627.191 recibieron las segundas dosis.
"Están buscando un pacto de impunidad, porque entre esos juicios que están pendientes de decisión en la Asamblea hay un juicio de Carlos Mesa, el juicio de Quiborax, y seguramente no querrán autorizarlo", señaló.
El pasado 9 de agosto, la justicia estadounidense determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad, donde está recluido acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero dentro del caso 'gases lacrimógenos'. El exministro debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza; sin embargo, hasta la fecha continúa en reclusión.
