Política

El martes, tras la reunión entre el Ministerio de Salud, gobernadores y directores del Sedes Quispe criticó que Camacho haya hablado del censo cuando el encuentro era para discutir políticas y medidas para prevenir la quinta ola del coronavirus. Camacho respondió que habría que preguntar si el Gobernador de La Paz estaba “sobrio”.

El Presidente participó en la inauguración de la XV Jornada Monetaria se desarrollará hasta las 18.00, en el auditorio del BCB, en la ciudad de La Paz. Cuenta con expositores nacionales e internacionales, además de la presencia de organizaciones sociales, académicos, docentes y estudiantes universitarios.

“El Ministerio de Defensa y el Mando Militar, reunidos luego de varias consideraciones sobre el beneficio prenatal y lactancia, ha dispuesto que este beneficio sea entregado en especie a los beneficiarios de la institución castrense a partir del mes de julio en los lugares y en tiempo oportuno en coordinación con el Sedem”, señala el comunicado de la Cartera de Estado.

“Este Alcalde va estar presente, voy a estar ahí y voy a pedir que en puntos varios se toque el tema del censo. Voy a llevar nuestra propuesta al Presidente que el censo sea en junio de 2023”, dijo Arias.

El ministro de Educación dijo que se reprogramará el calendario escolar para cumplir con los 200 días de clases, y no descartó la posibilidad de que se vuelva a las modalidades semipresencial y a distancia.

“Queremos aclarar nuevamente que no existe ninguna relación contractual actual con la CAMC, nosotros lo que queremos aclarar que la empresa CAMC construyó la Planta de Cloruro de Potasio y finalizó en 2018”, dijo el Director de Investigación y Desarrollo de YLB, Salvador Beltrán.

La denuncia alcanza a los exministros de Jeanine Añez, además del excomandante de la Policía, Yuri Calderón, y de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.

El anteproyecto para el “Fortalecimiento de la Ley N° 348” presentado este martes al presidente Luis Arce sanciona la violencia ginecoobstétrica con penas de tres a ocho años de prisión; la violencia cibernética o digital con dos a cuatro años de prisión; la sindical y el acoso callejero con sanciones administrativas.

El país participa de la cumbre en calidad de nación en proceso de adhesión, luego de suscribir en 2012 el protocolo que ya fue ratificado por la mayoría de los países miembros.

 “Quiero decir que la instancia que debería preservar la ley, el respeto a la ley y a la Constitución Política del Estado me llama para declarar por una supuesta promulgación de una ley o leyes que están en contra de la Constitución, yo no las voy a promulgar porque son leyes que atentan al mínimo sentido de autonomía y no vamos a seguir en esa línea”, informó el Alcalde de La Paz.