La Procuraduría General del Estado (PGE) dio a conocer su informe respecto a la compra con supuesto sobreprecio de respiradores españoles por parte del Gobierno e identificó que hubo la “participación criminal” de 13 personas, por lo que recomendó a las autoridades del Ministerio de Salud, Cancillería del Estado y el Ministerio Público instaurar procesos por daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, malversación y otros.

Según el documento difundido por Erbol, las conclusiones hallan responsables al entonces ministro de Salud Marcelo Navajas; a Fernando Valenzuela, director jurídico del Ministerio de Salud; Geovanni Pacheco, director general de la AISEM; Ana Fernanda Espinoza y Gabriela Pérez Gallegos, bioquímicas; Andrea Lía Alarcón Terrazas, profesional en análisis jurídico;  Mariana Galindo Justiniano, directora de Asuntos Jurídicos de la AISEM y a David Alberto Pareja Lozada, Cónsul General de Bolivia en Barcelona.

De los particulares identifica al intermediario Luis Fernando Humérez Pérez; Ignacio Manuel Mazarrasa Escoriaza, representante legal de la empresa IME CONSULTING,  Ignacio Iñaqui García, contacto directo de Fernando Valenzuela para la propuesta de los equipos y socio de Manuel Mazarrasa. Finalmente, fija responsabilidad de Luis Buscarons, representante del BID por haber otorgado la no objeción del BID y  Andrea Melandri, del mismo organismo, por negarse a entregar información a la Procuraduría.

Asimismo, el documento -firmado el 17 de septiembre por el, ahora, ex procurador José María Cabrera-, precisa que el costo total de la compra directa es 4.773.700 dólares, de los cuales por gestiones de la AISEM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio un anticipo de 2.028.708 dólares y el costo de traslado vía área de los ventiladores desde Madrid hasta Santa Cruz, fue de 290.000 dólares que fueron cubiertos por el Ministerio y no por el proveedor que era su responsabilidad.  

Afirma que debido al inicio de las investigaciones por hechos de corrupción, no se realizó el segundo desembolso del 50 por ciento restante del contrato y ante esto, el representante legal de IME CONSULTING Ignacio Manuel Mazarrasa, decide no enviar los equipos con accesorios completos, incurriendo de esa manera en incumplimiento de contrato, siempre según información de Erbol.

El ‘caso respiradores’’ está referido a la supuesta compra con sobreprecio de 170 respiradores españoles por parte del Gobierno boliviano y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Y es que el precio unitario de los respiradores oscila entre los 7 mil y los 12 mil dólares en el mercado, pero el Ministerio de Salud pagó poco más de 27 mil por cada uno de ellos.

A eso se sumó el hecho de que una Importadora ofreció al Ministerio traer 175 de los mismos respiradores a un precio unitario de 12 mil dólares, pero la oferta fue descartada por esa Cartera de Estado.

Por este caso, ya fueron enviados a la cárcel, con detención preventiva, el exministro de Salud, Marcelo Navajas; el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco; el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; y para el "testigo clave", Fernando Humérez,