La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, anunció que el lunes 21 de septiembre se iniciará el proceso por el delito de incumplimiento de deberes contra las autoridades del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, debido a que se niega a publicar las leyes promulgadas en la Gaceta Oficial del Estado.

En conferencia de prensa, la autoridad legislativa afirmó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableció de manera clara que las revisiones previas y las consultas constitucionales interpuestas por el Órgano Ejecutivo no tienen curso ni serán aceptadas, porque, al no ser proyectistas de las leyes, incumplen con el procedimiento en vigencia.

“Ya hemos culminado con los plazos que corresponde, el lunes ya estaremos haciendo llegar (el proceso); lamentablemente, este Gobierno de transición busca la chicanearía jurídica para entorpecer los procesos que lleva la Asamblea Legislativa, para unas cosas si nos mandan para promulgar las leyes; se han subido los contratos mineros, están dentro de la Gaceta, solamente leyes que dicen que los perjudican, los obstaculizan”, dijo Copa.

De acuerdo con la presidenta de la ALP, el Gobierno transitorio vulneró el artículo 164 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que “La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata” (…) y que “La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia”.

En ese marco, la presidenta de la ALP informó que las leyes que no fueron publicadas hasta el momento en la Gaceta Oficial son: la Ley Excepcional de Arrendamientos y Alquileres, que reduce el 50 % del pago de renta de bienes, destinados a la utilización de vivienda, tiendas, comerciales, prestación de servicios e industriales; y para el propietario la condonación de los impuestos que paga por el inmueble, mientras dure la pandemia del coronavirus (COVID-19).

También, figura la Ley Transitoria que Garantiza la Atención y Tratamiento por parte del Subsector Privado de Salud durante la Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19, a favor de las personas diagnosticadas con coronavirus. Esta norma establece que el Órgano Ejecutivo reembolsará a las clínicas privadas.

La Ley que establece Medidas Temporales de Fomento a la Cultura de Donación Voluntaria Informada de Plasma Hiperinmune de Personas Recuperadas del Coronavirus, con el propósito de ayudar a la recuperación de la población infectada por coronavirus (COVID-19).

Además, la Ley del Bono contra el Hambre de 1000 bolivianos, con el propósito de resguardar la vida de los bolivianos y bolivianas, para que ayude a mitigar las necesidades generadas por la falta de recursos, producto de la paralización de actividades a causa de la pandemia por COVID-19.

Finalmente, está la Ley que Regula los Efectos de la Censura determinada por la ALP, la cual establece que los ministros censurados, conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), deberán ser destituidos de sus cargos en un plazo de 24 horas y no podrán volver a ser posesionados durante el lapso de tres años, para resguardar la gestión transparente, eficiente y efectiva del Ejecutivo.

Cabe señalar que el Ejecutivo presentó ante el TCP un “recurso de queja” en contra de esta última norma.