El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió rechazar la consulta que hizo el Ejecutivo respecto a la Ley de Estados de Excepción, misma que ya fue promulgada por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa.

La Comisión de Admisión del TCP justificó el rechazo bajo el argumento de que, de acuerdo con la norma, el Órgano Ejecutivo no tiene legitimación activa para solicitar la revisión de constitucionalidad de un proyecto de ley emanado desde el Legislativo. Mismo argumento que ya utilizó para negar las consultas que presentó el Gobierno contra las leyes de alquileres y de donación de plasma.

Copa promulgó la ley el pasado mes de julio, después de que se cumpliera el plazo legal para que lo haga la presidenta Jeanine Añez.

No obstante, el Gobierno rechazó la promulgación de la norma y se negó a publicarla en la Gaceta Oficial del Estado hasta que no haya un pronunciamiento de parte del TCP.

Al respecto de la decisión del Tribunal Constitucional, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que el Gobierno presentará un “recurso de queja” ante el TCP.

“No se puede poner en riesgo la democracia de un país”, afirmó.

La Ley

Con el objetivo de regular los estados de excepción en el país, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó el miércoles 17 de junio la Ley de Estados de Excepción.

La norma consta de cinco capítulos, 25 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición derogatoria, y tras su sanción por mayoría de votos en Diputados, fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación respectiva.

De acuerdo al documento, un estado de excepción “es la respuesta a una situación de  grave amenaza que pone en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, que no pueden ser superados con las facultades ordinarias”.

La ley señala la existencia de tres casos por los cuales el Ejecutivo podrá declarar un estado de excepción: por conmoción interna, desastre natural y por peligro para la seguridad del Estado y amenazas externas.

El Artículo 7 de la ley señala que la declaración de Estado de Excepción por parte del Órgano Ejecutivo no podrá en ningún caso suspender los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, prohibición de esclavitud y servidumbre, libertad de conciencia y religión, protección a la familia, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos políticos, entre otros.

Establece también que cuando un derecho o una garantía sean limitados o reglamentados por el estado de excepción, esta medida no podrá afectar “al núcleo esencial de tales derechos y libertades”, motivo por el cual el decreto de declaración de la norma debe expresar los motivos por los cuales se impone cada una de las limitaciones de los derechos o garantías.

 Señala que el incumplimiento del estado de excepción ocasionará una multa pecuniaria que no podrá exceder del 10% del Salario Mínimo Nacional o del ingreso del infractor. Queda prohibida sanción que implique restricción a la libertad o privación del acceso a los servicios básicos, bancarios, carburantes, alimentación o los servicios de salud.

El Artículo 12 establece que el Órgano Ejecutivo debe informar semanalmente sobre la ejecución del estado de excepción a la Asamblea Legislativa Plurinacional, Órgano Judicial, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado y al Ministerio Público.

El Artículo 14 indica el procedimiento que seguirá la declaratoria del estado de excepción. El Ejecutivo deberá comunicar a la ALP sobre la declaratoria del estado de excepción dentro de las 24 horas de haberse dictado, y el Legislativo podrá aprobar o rechazar esa medida, o modificarla con votos de la mayoría absoluta del total de los asambleístas. La medida excepcional podrá durar hasta un máximo.

La resolución del TCP

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