La Cancillería del Estado boliviano informó, mediante un comunicado, que los abogados que componen el equipo jurídico internacional boliviano dentro de la demanda por el Silala, instaurada en La Haya, culminaron sus contratos entre septiembre de 2018 y noviembre de 2019.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores hace conocer a la opinión pública que los abogados del equipo de asesoramiento a Bolivia Vaughan Lowe, Payam Akhavan y Amy Sander concluyeron su relación contractual en los meses de septiembre y diciembre de 2018, así como los abogados Monique Chemillier y Antonio Remiro Brotons concluyeron su relación contractual en mayo y noviembre de 2019”, señala el comunicado de Cancillería.

“Los demás asesores que conforman el equipo jurídico internacional, que fue contratado por el anterior gobierno, continúan prestando servicios legales al Estado boliviano en el proceso sobre el Silala”, añade.

Así, la Cancillería desmintió que los juristas hayan renunciado a defender al país.

Ya ayer, ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, confirmó ayer la recomposición del equipo jurídico internacional porque “ha sido manejado políticamente tanto el tema del mar como del Silala”, según informaron medios estatales.

“Han habido temas demasiado políticos, además los han utilizado de manera proselitista en la campaña y nos estamos dando cuenta de que lo único que nos vendió el anterior Gobierno (de Evo Morales) con estos temas fue humo, porque nos terminó yendo mal”, sostuvo Coímbra.

Afirmó que se tiene que recomponer el equipo y se evalúan expertos. “Tienen que ser internacionalistas, con perfiles de haber estado en este tipo de casos, con experiencia, gente que te ofrezca seguridad en el análisis de los casos y no desde el punto de vista político”, indicó el Ministro, según reportó el periódico Bolivia.

Afirmó que tienen que ser profesionales de esas características, “porque cuando nos vamos de lo jurídico a lo político terminamos cometiendo este tipo de errores  que hemos cometido en La Haya en el tema del mar y en el Silala”.

El ministro señaló que el Gobierno analiza si se puede reconducir el proceso, y si “hay que buscar una nueva estrategia”, considerando que el juicio ingresó a la fase final de los alegatos orales, en fecha que debe determinar la Corte Internacional de Justicia (CIJ).