El procedimiento legislativo del proyecto de Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos se congeló en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la noche del miércoles la consulta previa de constitucionalidad presentada por la presidenta Jeanine Áñez ante esta instancia.

"No tenemos aún una comunicación oficial, pero ya nos enteramos la noche del miércoles por las redes sociales de la admisión de la consulta por el TCP, lo bueno es que se ha suspendido el procedimiento legislativo", informó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca a medios estatales.

Según información difundida por el diario Correo del Sur, el auto constitucional que admite la consulta es el 0027/2020, y señala que se suspende el procedimiento de aprobación de ese proyecto de ley ante la ALP.

El documento lleva la firma de los magistrados Gonzalo Hurtado, Julia Cornejo y Petronilo Flores y, a partir de la fecha, el TCP tendría un plazo de 40 días para emitir una sentencia, según explicó Alanoca.

La presidenta Jeanine Áñez presentó el recurso de consulta previa de constitucionalidad del proyecto de ley el 17 de enero de 2020, para que el TCP haga una revisión exhaustiva de este proyecto de ley aprobado por el Legislativo, además de solicitar una medida cautelar para detener el procedimiento en la Asamblea.

La primera mandataria adelantó que no promulgaría el mencionado proyecto de ley porque vulneraría la Constitución y además porque intenta una dualidad en compensaciones económica, propugnar inmunidad para algunas personas y permitir la injerencia del Ejecutivo sobre otros órganos e instituciones del Estado.

La presidenta de la ALP, la senadora Eva Copa, detuvo el tratamiento de la Ley en cuanto el gobierno envió la solicitud al TCP, y explicó que esperarían la respuesta constitucional antes de continuar el procediminto y aclaró que no predente la inmunidad ni impunidad para exautoridades del Órgano Ejecutivo, y que su objetivo principal es garantizar el resarcimiento de los daños a favor de las familias de los muertos y heridos en Sacaba y Senkata.