El Gobierno de la presidenta Jeanine Añez elevó, la tarde de este viernes, una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para definir la legalidad o no de la cuestionada Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, antes denominada ley de garantías, y solicitó una "medida cautelar" para detener el procedimiento legislativo hasta la emisión de una declaración constitucional, informó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.

"Hemos presentado un recurso de consulta previa de constitucionalidad ante el TCP, a efecto de que se pueda dar una revisión exhaustiva a este proyecto de ley de garantías que se ha aprobado en la Cámara de Diputados. Incluimos una medida cautelar que espera parar el procedimiento legislativo", informó a medios estatales.

Esa propuesta de ley establece garantizar los derechos de líderes políticos, sociales, cívicos y personas movilizadas en los conflictos de octubre y noviembre. Además los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que si la presidente Jeanine Añez no promulga la norma en un lapso de 10 días desde su sanción, lo harán desde el Legislativo.

Alanoca, en ese sentido, anunció que la Presidenta no promulgará esa norma hasta tener un fallo del TCP y aclaró que ese recurso fue presentado en el tiempo establecido por ley, porque el procedimiento legislativo no termina en tanto no se promulgue y publique la norma.

"La presidenta no lo va a promulgar, hemos mandado este recurso de medida cautelar al TCP hasta que este pueda emitir un fallo", precisó.

Sobre las observaciones de fondo a esa norma, explicó que vulnera el principio de "separación e independencia de poderes" que establece la Constitución Política del Estado. Agregó que el principio de igualdad también es vulnerado en esa ley, "que hace diferencia entre unos bolivianos y otros".

"Queremos que este proyecto de ley no vaya. El Órgano Ejecutivo ha emitido un Decreto Supremo que es el 4100 de indemnización a los familiares de los fallecidos en los sucesos de Senkata y Cochabamba y también a los heridos", dijo la autoridad.

Explicó que la indemnización a las víctimas de los conflictos suscitados en octubre y noviembre está en proceso, tiene avances y actualmente están contrastando los informes de la Defensoría del Pueblo con los del Ministerio Público.

"Por ejemplo el informe de la Defensoría del Pueblo, que es también del Movimiento Al Socialismo (MAS), nos da un informe de más de 1.000 heridos, donde incluso mencionan un 'chinchón' en la cabeza de alguien porque se cayó de la bicicleta. Otro tema es que la Defensoría dice que son 37 víctimas y el Ministerio Público dice que son 31. Cada caso tenemos que evaluar y hacer seguimiento", detalló.

La autoridad mencionó, asimismo, otras irregularidades de forma del proyecto de ley y explicó que vulneró el procedimiento legislativo, porque no fue analizado en la Comisión de Constitución. Agregó que tampoco consideró los informes del Ejecutivo.

El viceministro pidió, finalmente, celeridad al TCP para que en primera instancia pueda admitir el recurso presentado en Sucre.

Según información de la Asamblea Legislativa, la norma tiene por objeto velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión, contenidos en la Constitución Política del Estado, Tratados, Convenios e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, a favor de las bolivianas y los bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia.

Asimismo, prohíbe las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019.