La tarde de este martes, la Cámara de Diputados, amparada en los dos tercios del Movimiento al Socialismo (MAS), sancionó la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, ante llamada Ley de Garantías.

La norma es cuestionada y rechazada por actores políticos y parte de la sociedad, ya que se considera que busca dar impunidad a exautoridades del Gobierno, en especial al expresidente Evo Morales.

De hecho, ya el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, impugnó la norma ante la presidencia del senado.

No obstante, desde el MAS aseguran que la norma no busca proteger ni dar impunidad a nadie y solo busca “garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos para todos los bolivianos y bolivianas”.

Según información de la Asamblea Legislativa, la norma tiene por objeto velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión, contenidos en la Constitución Política del Estado, Tratados, Convenios e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, a favor de las bolivianas y los bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia.

Asimismo, prohíbe las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019.

No obstante, ayer el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, aseguró que el Gobierno no permitirá que la mencionada norma entre en vigencia y aplicará las medidas pertinentes para ese fin.

Señaló que el Gobierno enviará la norma al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que sea esa instancia la que defina la legalidad o no de la Ley.