El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Jáuregui, y el gerente general de la Gestora Pública, Sergio Flores, ofrecieron una conferencia de prensa para explicar las irregularidades encontradas en el proceso de contratación con la empresa colombiana  Heinsohn Business Technology para desarrollar el nuevo software para la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

De acuerdo con el informe de auditoría se identificó falencias en el proceso de contratación, contradicciones legales e indicios de incumplimiento.

“El proceso de la contratación se firmó con Heinsohn Business por 10 millones de dólares, este proceso de contratación ha tenido muchísimas observaciones que nos llevan a pensar que el momento del contrato, el monto pactado y el detalle de los requerimientos de la Gestora frente al proveedor todavía no estaban muy claros”, informó el viceministro Jáuregui.

El contrato con la empresa Heinsohn Business Technology se firmó el 23 de octubre del presente año, cuando el país vivía conflictos sociales después de las elecciones anuladas del 20 de octubre.

“Este contrato, en este momento está en una situación de suspenso, en una interrupción de los plazos, esa interrupción concluye el 27 de diciembre, hasta esa fecha tenemos plazo para sentarnos con la empresa, después de los resultados hallados en la auditoría, vamos a poder tener algunas novedades respecto a las acciones que vamos a tomar para administrar esta controversia”, afirmó Jaúregui.

Por otro lado, la autoridad informó que en febrero de 2017 se contrató a la empresa Sysde Internacional Inc con el objetivo de comprar un software que centralice la migración de datos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Previsión y Futuro de Bolivia; sin embargo por el incumplimiento y luego de dos prórrogas se decidió cancelar el contrato que a la fecha se encuentra en proceso arbitral.

“El contrato firmado con Sysde fue por $us 5.148.127 de los cuales ya se desembolsó más de $us 3 millones. La controversia que tenemos con la empresa colombiana se trata de recuperar esos tres millones porque hubieron muchísimas dificultades”, declaró.

Producto del incumplimiento del contrato, en marzo de 2019 se amplió el plazo para el inicio de operaciones de la gestora por 30 meses, es decir que la estatal de pensiones deberá estar funcionando hasta septiembre de 2021. Al respecto, el Viceministro lamentó que en 10 años el anterior Gobierno no pudo iniciar con las actividades de la estatal de pensiones.

“Se compró Hardware, máquinas de última generación que están en resguardo con la seguridad correspondiente pero es como tener una auto de lujo pero sin motor  porque el motor era el software que se debía haber previsto para que nos presten el servicio de administración del pago de pensiones”, argumentó Jáuregui.

Criticó que luego de un largo proceso de adecuación y la compra de un sistema informático para migrar los datos de la AFP aún no se pone en marcha la Gestora Pública.

“Vemos que después de 9 años de haberse diseñado el modelo de administración estatal de pensiones, hoy, 2019 todavía estamos intentado dar una explicación del porqué no funciona la Gestora”, dijo el Viceministro.