Los familiares de las víctimas de los enfrentamientos en la zona de Senkata rechazaron el Decreto Supremo N° 4100 que dispone una indemnización económica para las víctimas de la violencia poselectoral, porque consideran que un artículo de la norma les condiciona a que no reclamen investigación y justicia ante instancias internacionales.

“Hay un artículo donde dice que en el momento que esté curado o bien se les dé dinero no tienen derecho a reclamar a instancias internacionales y eso es chantaje”, declaró David Inca, representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, a radio Fides.

Los familiares de las víctimas pretenden presentar por escrito, en los próximos días, “su rechazo” al DS y pedirán, a través de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), una reunión entre el gobierno, víctimas, familiares de las víctimas, con el objetivo de mejorar el DS 4100.

Ayer, la presidenta del Estado, Jeanine Añez promulgó el Decreto Supremo 41000 que autoriza a otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos y heridos que dejaron los hechos de violencia surgidos tras las elecciones – anuladas- del 20 de octubre.

Según se explicó, la norma consta de cinco artículos y decreta que se pagará la indemnización de 50 mil bolivianos a cada una de las familias de las personas que hayan fallecido o resultado heridas producto de la convulsión social entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre.

Según reportó Erbol, la norma aclara que “los familiares de las personas fallecidas heridas tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional, una vez hecha efectiva la indemnización”.

El financiamiento será con el Tesoro General de la Nación y otros recursos que provengan de las incautaciones del narcotráfico, contrabando y de las actividades de desestabilización sucedidas con posterioridad al 20 de octubre.