El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó que en las próximas horas se presentará la imputación formal por siete delitos en contra de las nueve personas que fueron aprehendidas dentro del proceso investigativo de los hechos de violencia suscitados el jueves en Santa Cruz.

“Se trata de Jorge G. V., Luis A. G. N., Evair J.H. Ch., Jonathan K. B., Luis R. N. D., Erick L. A. O., Miguel A. M. F., Alex C. F., y Cristian M., quienes son investigados por los presuntos delitos de Instigación Pública a Delinquir, Asociación Delictuosa, Robo Agravado, Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias, Lesiones Graves y Leves; Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y Riqueza Nacional”, sostuvo Salguero.

Agregó que para el presente caso se conformó una comisión de fiscales compuesta por Carmen Delia Moreno, Osvaldo Dante Tejerina, Delmy Guzmán y Fanny Alfaro, quienes deberán desarrollar la investigación “con total objetividad e imparcialidad para llegar a la verdad material de los hechos”.

Según la investigación preliminar de la Fiscalía, ayer, jueves, a la altura del Segundo Anillo y Av. Banzer, Rotonda Cristo Redentor de la ciudad de Santa Cruz se suscitó un enfrentamiento entre, aparentemente, militantes de la Unión Juvenil Cruceñista, militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y grupos activistas del 21-F; quienes se encontraban con palos, piedras, bombas caseras, petardos y otros objetos.

Durante el altercado destrozaron el inmueble de Sonia V. M., mismo que estaba en calidad de alquiler para la Casa de Campaña del MAS.

Además, la Fiscalía presume que cuando se produjo el hecho, al interior del domicilio se encontraban mujeres y niños, en ese momento un grupo de personas ingresó a destrozar el lugar y llevarse varias cosas de valor como computadoras, equipos, medicamentos y otros objetos.

En primera instancia se arrestó a 48 personas entre hombre y mujeres de los cuales nueve son menores de edad, asimismo nueve se encuentran en calidad de aprehendidos los mismos que en próximas horas serán puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional para determinar su situación jurídica.