Maricruz Ribera, esposa del alcalde de La Paz, rompió el silencio y a través de mensajes en sus redes sociales reivindicó el trabajo que hace el programa de ‘Yo soy mi primer amor’, actualmente investigado por la Fiscalía.

Ribera, afirmó que su programa busca prevenir y reducir los casos de feminicidioos y violencia contra las mujeres en el país y aseguró que no malversó ningún recurso público ni recibió ayuda económica de la Alcaldía de La Paz.

“No tenemos nada que esconder, no hemos malversado ningún recurso público ni recibido ningún tipo de apoyo económico por parte de la Alcaldía de La Paz como se nos acusa. Nuestras actividades son gratuitas gracias a que cientos de empresas nos apoyan con materiales de escritorio, agendas, gorras, infables, refrigerios, pasajes y alojamiento para que podamos llegar a diferentes regiones de Bolivia con nuestro voluntariado”, señaló.

Agregó que “es una pena” que autoridades nacionales ataquen a ese tipo de programas en lugar de apoyarlas, más aún cuando, dijo, hay un aumento en el caso de feminicidios en el país.

“Es una pena que aun sabiendo que la violencia afecta 7 de cada 10 mujeres en nuestro país y que a la fecha solo en este año son 75 los casos de feminicido algunas autoridades nacionales no apoyen este tipo de iniciativas y más aún al contrario busquen dañar las mismas”, dijo.

“Tenemos las manos limpias y la conciencia tranquila y la verdad saldrá a la luz. Esta arremetida política en tiempos electorales no nos va detener, nuestra causa es legítima y la gente que ha participado de nuestras actividades y talleres lo sabe. Digan lo digan, hagan lo que hagan nada detendrá la marea fucsia de Yo soy mi primer amor”, aseveró.

Maricruz fue a declarar ayer a la Fiscalía en calidad de testigo por la denuncia que las diputadas del MAS – Valeria Silva, Betty Yañiquez y Sonia Brito- presentaron en contra del alcalde de La Paz, Luis Revilla, por el supuesto desvío de fondos públicos para el programa de ‘Yo soy mi primer amor’.

La denuncia establece que la Alcaldía habría comisionado a funcionarios para trabajar en el programa de Ribera, lo que significaría una malversación de fondos públicos, la investigación se inició por los presuntos delitos de uso indebido de bienes del Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.