La Procuraduría informó que concluyó de manera “solvente” su defensa en el arbitraje planteado por Glencore Finance (Bermuda) en su contra por la expropiación del complejo metalúrgico Vinto, la planta de antimonio y la mina Colquiri.

Durante su defensa, la procuraduría General del Estado boliviano presentó sus observaciones a la jurisdicción del Tribunal Arbitral, así como los argumentos respecto a los hechos que determinaron la reversión de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto, y la recuperación del control de la mina de Colquiri por parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Además, presentó diversos testigos sobre el caso y responsabilizó al expresidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia, de ser quien vendió los bienes  en litigio a Glencore.

“El Estado boliviano demostró que entre los años 2004 y 2005, Glencore International AG adquirió los tres activos, las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y la mina Colquiri, bajo pleno conocimiento que la persona de quién los adquiría era el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre quien en ese momento recaía un Juicio de Responsabilidades por los luctuosos hechos de Octubre Negro”, señala la Procuraduría en una nota de prensa.

Sobre la participación de Sánchez de Lozada, el procurador del Estado, Pablo Menacho, en contacto con Patria Nueva, señaló que “hemos dejado muy establecido el hecho de que esta empresa suiza, esta transnacional, hacia fines de 2004 y principios de 2005, adquirió todos estos activos en Bolivia de manos, y a sabiendas, del anterior propietario que era justamente el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre quien en ese momento, e incluso actualmente, recaía un juicio de responsabilidades y una solicitud de extradición en los Estados Unidos”.

En ese sentido, los testimonios de los testigos presentados por la defensa boliviana evidenciaron “que fue la propia negligencia de la empresa Sinchi Wayra, de propiedad de la transnacional suiza Glencore, la que ocasionó los graves conflictos y enfrentamientos entre cooperativistas y mineros asalariados” el 2012, motivo por el cuál Comibol reasumió la dirección y administración sobre la mina de Colquiri.

“Bolivia ha presentado en el arbitraje una serie de testimonios además de una amplísima prueba documental que ha sido presentada de forma adjunta para respaldar sus escritos y los testigos de Bolivia han estado en París, hemos contado con personas que han vivido particularmente los conflictos que se vivieron el 2012”, señaló al respecto el procurador del Estado, Pablo Menacho.

La demanda está instalada en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya bajo el amparo del reglamento de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Ahora, tocará esperar cual es la decisión de la Corte. Glencore le exige a Bolivia un pago de $us 675,7 millones por la expropiación de los bienes citados y de la supuesta apropiación de 161 toneladas de concentrados de estaño procesado.