La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de modificación al artículo 232 y 303 del Código Penal que se refieren al sabotaje como delito contra la industria y el comercio, y a atentados contra la libertad de trabajo. Según diputados oficialistas, las modificaciones permiten negociar de una mejor manera entre trabajadores y empleadores; mientras que la Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su más absoluto rechazo porque atenta contra la actividad de los empleadores sin que exista un justo motivo.

“Es una iniciativa que constituye un mecanismo de protección a los dirigentes sindicales, quienes en ejercicio de su labor sindical son procesados, proponiendo el restablecimiento y garantía de sus derechos laborales. Por ello resulta necesaria la modificación de la pena del tipo penal de sabotaje”, explicó la presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Valeria Silva.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, explicó que para que se configure el delito de sabotaje se establece dos hipótesis: “Pero de parte de las autoridades jurisdiccionales siempre hay distorsión y con este tipo penal intentaron amedrentar a los trabajadores”.

La norma también establece que el tipo penal de atentados contra la Libertad de Trabajo, debe contener una excepción, para aplicarla en un conflicto laboral o huelga.

La CNI rechaza la Ley

Antes de conocerse su aprobación, la CNI publicó un comunicado en el que pide al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no aprobar esta ley, ya que “solo redundaría en disminuir aún más el atractivo del país para atraer inversión privada, introduciendo mayor sensación de riesgo, incertidumbre e inseguridad para quienes, desde el sector privado, desean aportar al crecimiento de Bolivia”.

Según la CNI, la Ley busca eximir de responsabilidad legal a los dirigentes sindicales o trabajadores que, actuando en el marco de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la huelga, incurran en los delitos de sabotaje y atentados contra la libertad de trabajo, lo cual significaría otorgar privilegios especiales a algunos ciudadanos.

“El Proyecto de Ley planteado contraviene lo dispuesto por el artículo 47 de la CPE, ya que atenta contra la actividad de los empleadores sin que exista un justo motivo y un actuado emitido por autoridad competente, para que dicha actividad sea suspendida. El riesgo al exceptuar de responsabilidad a los dirigentes o trabajadores incluso va más allá del derecho del trabajo y de la propiedad, debido a que, si se trata de una actividad relacionada con servicios básicos y esenciales, se vulneran los derechos de toda la población”, dice el comunicado.

La CNI afirma que desde hace varios años, la normativa laboral boliviana se ha volcado de manera discriminatoria en contra del empresario privado, lo que ha provocado “un escenario completamente desbalanceado en los que unos gozan de todos los privilegios que la ley les otorga, mientras que otros sólo cargan con obligaciones y responsabilidades”.