El expresidente y candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana Carlos Mesa informó hoy, a través de su cuenta en Twitter, que presentó una carta ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), en la que exige a esta instancia internacional elevar una opinión consultiva para interpretar "si el artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos consagra o no un derecho humano a la postulación y reelección indefinida a favor de presidentes que ya desempeñaron estos cargos".

Mesa publicó la misiva completa en su blog y en ella pide un pronunciamiento urgente de la CIDH, en virtud de la proximidad de las elecciones nacionales, que se desarrollaran en octubre y para las que ya está habilitado el binomio Evo Morales- Álvaro García Linera.

"Dada la importancia y gravedad del tema, (pido que) esta opinión consultiva e interpretación del art. 23, se conozca antes de la realización de las elecciones presidenciales de Bolivia que se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019 (sic)", resume Mesa en su portal.

En la misiva, Mesa también resalta el hecho de que la CIDH ya admitió una petición nicaragüense en un caso similar, sin embargo, añade que el caso del país es, aun, más agravante por los resultados del 21-F.

“Un paso positivo en este sentido es el Informe en el que se declara admisible para un pronunciamiento de fondo la petición relativa a la violación del artículo 23 de la Convención por parte del Estado de Nicaragua en un caso que compromete al actual Presidente Daniel Ortega, de características similares al caso del Presidente Evo Morales de Bolivia, con el agravante en este segundo caso de que se dejó de lado la decisión constituyente del pueblo boliviano que votó por el NO en el Referendo del 21 de febrero de 2016”, señala Mesa.

“Esta decisión de la CIDH, si bien es significativa en el procedimiento sobre Nicaragua, no es suficiente para el caso de Bolivia, porque en octubre de este año se pretende consumar por parte del Presidente Evo Morales, de manera definitiva e irreversible, al forzar su candidatura presidencial inconstitucional y antidemocrática, un atentado a la democracia y la Constitución de Bolivia y una violación al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los principios y valores que sustentan la Carta Democrática Interamericana”, finaliza.