La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó hoy, con más de dos tercios de sus votos, el informe de la comisión especial mixta respecto a los procesos de Privatización y Capitalización durante el periodo de 1985- 2005 y definió su remisión al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia.

En ese sentido, la comisión especial mixta de investigación de la Privatización y Capitalización, en la resolución aprobada, sugiere que el Órgano Ejecutivo, los gobiernos departamentales y municipales realicen las investigaciones económicas, jurídicas y de auditorías de las empresas que estaban en su jurisdicción y que durante la enajenación fueron cerradas y cuyo destino de sus activos es desconocido.

Asimismo, se recomienda al Ministerio de Minería y Metalurgia investigar las concesiones mineras como producto del levantamiento de las áreas de reserva fiscal, en decretos supremos y otros relativos a la concesión, titularidad, transparencia, registros, prescripción y/o adecuación que se hubieran realizado en áreas mineras, como Capricornio, Olvidada, El Carmen, Escuadra, Perfecta, San Antonio, Nieves, 6 de Agosto, entre otras.

Así también, se recomienda al Órgano Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cumplir con los plazos procesales, en el marco de sus atribuciones, en los procesos penales en contra de exautoridades y exfuncionarios públicos por presunta participación en la enajenación de empresas públicas y recursos naturales causantes de perjuicios económicos al Estado y al pueblo boliviano.

El informe identifica a 55 personas implicadas en el proceso de enajenación, especialmente de Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Raúl Garáfulic; y se determinó que el daño económico se acerca a los 22 mil millones de dólares.

Además, se encomienda a la comisión especial mixta de investigación de la Privatización y Capitalización la elaboración de proposiciones acusatorias en base a los análisis jurídicos realizados de las irregularidades efectuadas durante el proceso enajenador.

Finalmente, en la resolución aprobada por la ALP, se dispone que tanto la cámara de senadores como la de diputados difundan todo el material elaborado por la comisión especial mixta de investigación de la Privatización y Capitalización “con los resultados de la investigación para contribuir en la toma de conciencia de la opinión pública respecto a la importancia de proteger y salvaguardar el patrimonio estatal”.