La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) definió que sesionará tres días, hasta el jueves, para concluir con la lectura del informe referido a los procesos de privatización y capitalización en Bolivia.

El informe establece que entre 1985 y 2005 fueron privatizadas y capitalizadas 362 empresas del Estado, en un proceso que de acuerdo a una investigación legislativa ocasionó daños que ascienden en la actualidad a $us 21.000 millones.

De 362 empresas nacionales y departamentales enajenadas, 205 fueron capitalizadas, 102 privatizadas y 55 tuvieron dificultades para continuar operando o fueron transferidas.

El presidente de la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, senador Rubén Medinaceli, señaló que la mencionada investigación “no está apuntada a personas” ya que, dijo, “es una investigación de un período que tuvo y tiene, todavía, su efecto en la vida nacional".

“Todos los bolivianos tenemos el derecho de conocer la real magnitud de este proceso privatizador que le hizo tanto daño al país", agregó.

No obstante, el informe analiza los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, nuevamente Sánchez de Lozada y, por sucesión, Carlos Mesa; el senador Medinacelli anticipó que los pormenores del informe pasarán a la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Justicia y también a la Procuraduría General.

La comisión mixta legislativa que investigó los procesos de privatización y capitalización se conformó en 2013 y la investigación contó con la ayuda de 74 personas, 35 de ellas conformaron el equipo multidisciplinario de investigación; 14 integraron el equipo de auxiliares de investigación, cinco del equipo de comunicación, seis los archivistas, cinco del equipo de apoyo administrativo y nueve en el equipo de edición y diagramación.