El expresidente y actual candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, llegó a instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) - en compañía de su abogado, Carlos Alarcón- para presenciar la sesión en la que esa instancia tratará el informe que la Comisión Mixta presentó respecto al caso Lava Jato en Bolivia.

El informe, según señaló la presidenta de la Comisión, Susana Rivero, informa que hay “serios indicios” que involucran a Carlos Mesa con este caso.

De hecho, el informe, al que tuvo acceso el portal Oxígeno.bo, recomienda que la Fiscalía realice una investigación a Mesa, a quien pone en una lista de personas a las que se les detectó “movimientos inusuales o sospechosos de dinero”.

Debido a ello, Mesa, ayer, envió una carta al presidente de la ALP, Álvaro García Linera, solicitándole poder hacer uso de la palabra para defenderse de las acusaciones que lo involucran en el caso.

No obstante, minutos después de iniciada la sesión, García Linera rechazó la solicitud de Mesa y señaló que solo podrá estar como espectador en la sesión de la Asamblea, pero no podrá dirigirse a los asambleístas.

“En el hemiciclo de la ALP, para escuchar el informe de la Comisión en el tema Camargo Correa. A pesar de no haber recibido respuesta del Vicepresidente en el que pedía ser escuchado en el plenario”, señaló Mesa a través de su cuenta de Twitter.

El informe que la Comisión Mixta presentó al pleno de la Asamblea Legislativa sobre el caso Lava Jato en Bolivia sospecha que un exministro y dos exgerentes fueron los que recibieron sobornos directos de parte de empresas brasileñas dentro del caso Lava Jato para la adjudicación de la construcción de carreteras en el país.

Según el informe, hay “suficientes indicios” para asegurar que la empresa Camargo Correa sobornó al exministro de Obras Públicas, Carlos Eduardo Morales, y al exgerentes del Servicio Nacional de Caminos (SNC) Jorge Peredo Flores para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.

Además, detalla una serie de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, como que "los financiamientos brasileños eran condicionados", o que la modalidad de contratación "llave en mano", fue incorporada en el ordenamiento jurídico con el decreto supremo 27328 del 31 de enero de 2003, en la gestión de Mesa.

Entre sus resoluciones, el informe señala de manera textual: "Remitir los antecedentes investigativos al Ministerio Público para que active la cooperación judicial internacional con la República Federativa de Brasil, la República de Perú, y profundice la investigación a partir de los hallazgos encontrados".