Amnistía Internacional publicó una Decalaración en la que expresa su preocupación por la seguridad e integridad de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, por las graves acusaciones, realizadas por altas autoridades del gobierno boliviano, acusándola de la comisión de los delitos de homicidio y ‘crimen organizado’.

Según la organización este tipo de "acusaciones públicas contra personas defensoras de derechos humanos tienden a obstaculizar e inhibir el importante trabajo que hacen, trabajo que involucra el escrutinio de los actos de las autoridades públicas por posibles violaciones de los derechos humanos y les vuelve objeto de estigmatización y posibles represalias".

El organismo internacional se refiere a las declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien responsabilizó a Carvajal por los hechos ocurridos el 24 de agosto de 2018 en La Asunta, cuando se produjo un enfrentamiento entre agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta y comunarios que derivó en la muerte de dos campesinos y el policía Daynor Sandoval Ortiz.

"(…) de la muerte de Daynor Sandoval Ortiz, responsabilizo a Adepcoca, responsabilizo a la señora Carvajal de Derechos Humanos, una persona irresponsable, y se dice de derechos humanos, patrocinadora de organizaciones criminales", acusó Romero en contacto con Bolivia TV.

Amnistía Internacional también llamó la atención sobre un tuit que el presidente Morales escribió el 2 de septiembre de 2018: "Derecha pro imperialista usa Asamblea Permanente de DDHH de La Paz y se oculta en el opus dei de la Iglesia Católica para atacar al Proceso de Cambio con campaña de mentiras y falsas denuncias. El pueblo sabe que trabajamos cada día por el Vivir Bien de nuestra querida #Bolivia", excribió.

"En un estado de derecho corresponde al Poder Judicial establecer las responsabilidades penales individuales en que pudiera haber incurrido cualquier persona acusada formalmente de un delito y no corresponde a las autoridades del Poder Ejecutivo realizar acusaciones públicas sin elementos de juicio contra personas defensoras de derechos humanos", dice la declaración de Amnistía Internacional.

Además, pide a las autoridades bolivianas reconocer públicamente la legitimidad e importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y "abstenerse de acusarles públicamente y de utilizar lenguaje que les estigmatice, violente, desacredite o discrimine".

Finalmente, Amnistía Internacional insta a la Fiscalía General del Estado a llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva sobre las muertes en La Asunta, y sobre las denuncias de detenciones arbitrarias y de uso excesivo, desproporcionado o indiscriminado de la fuerza.