El Consejo de la Magistratura señaló hoy que la auditoría realizada al caso del bebé Alexander estableció responsabilidades de más de 20 funcionarios, entre jueces y fiscales, que habrían cometido desde faltas graves hasta delitos penales durante este proceso.

El Decano en ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán, en conferencia de prensa, lamentó que se hayan cometido “tantos errores” en la investigación de este caso y dejó en manos del Ministerio Público y el Órgano Judicial la determinación de las responsabilidades y sanciones que correspondan.

Los indicios y hallazgos como resultado de la auditoría establecen que unos diez jueces y 14 fiscales cometieron errores en el polémico proceso; la suspensión de audiencias, incumplimiento de plazos y pérdida de actas perjudicaron el desarrollo del juicio.

Además, también se detectó otros problemas como la falta de notificación, desorden en la documentación, pérdida de documentos e incumplimiento de plazos en jueces y personal de apoyo jurisdiccional.

"Lamentamos tantas fallas y errores en este caso, en este juicio donde se suspendieron 106 audiencias de 221. Corresponde remitir el caso a las autoridades competentes, el Fiscal General, la representación del Consejo en La Paz y a los jueces disciplinarios", señaló Michel según un reporte de Correo del Sur.

Además, la Magistratura también halló indicios de responsabilidad penal y faltas disciplinarias graves  en los tres jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, que sentenciaron y encarcelaron sin pruebas al doctor Jhiery Fernández, acusado de violación al infante.

La auditoría jurídica al caso Alexander por parte del Consejo de la Magistratura duró un mes. Analizó 56 expedientes y emitió un informe de más de 260 hojas que “constituye la radiografía precisa y final de todo lo que ha acontecido en la tramitación del proceso denominado bebé Alexander”.

El caso Alexander dio un giro cuando la jueza Patricia Pacajes, reveló en un audio que la violación a Alexander nunca existió y que la sentencia en contra de Jhiery Fernández se dio por presión política y sin pruebas en su contra.