La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió hoy que las medianas y pequeñas empresas no podrán pagar el segundo aguinaldo y responsabilizó al Gobierno y a la Central Obrera Boliviana (COB) por las consecuencias que puede tener esa medida en la economía nacional.

“Hacemos responsable al Gobierno y a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana por todos los efectos nocivos que esta decisión va a generar, y esperamos que asuman las consecuencias, y que respondan a las miles de familias que se verán afectadas por esta medida incongruente con la realidad por la que atraviesan la mayoría de los sectores y regiones que no han logrado niveles de crecimiento necesarios para afrontar su pago”, afirmó en conferencia de prensa, el presidente el CEPB, Ronald Nostas.

Señaló que sólo un 20% de la población económicamente activa se beneficiará con esta medida, que según el empresario, fomenta el contrabando y la informalidad.

"Exigimos al Gobierno Nacional la inmediata revisión de la medida en cuanto a sus alcances, afectaciones y perjuicios, y que se considere su ajuste o eliminación, en tanto no se garantice que el crecimiento de la economía sea equitativo y sostenible tanto para las medianas y pequeñas empresas, así como para todos los departamentos del país", añadió.

En esa línea, Marco Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que la determinación de Morales respecto a pagar el doble aguinaldo “es una medida política que no responde a la realidad del empresariado”.

“Las consecuencias serán nefastas para el empleo, inversión, déficit fiscal y en general para la economía”, sentenció.

Entretanto que el Presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMYPE, Néstor Conde calificó el anuncio del presidente como una "medida política" y adelantó que no podrán pagar el segundo aguinaldo.

El presidente Evo Morales informó hoy que el crecimiento económico del país, a junio de este año, alcanzó al 4,61%, razón por la cual confirmó que se pagará el segundo aguinaldo a los trabajadores, en el marco del decreto “esfuerzo por Bolivia” que establece la cancelación de este segundo beneficio si el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) supera el 4,5%.