La diputada del Movimiento al Socialismo por el Beni, Ramona Moye, aseguró que las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) no permitirán el ingreso a su territorio de la comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que llega al país a recabar información sobre una denuncia por violación a los derechos de la madre Tierra, presentada en noviembre de 2017.

Según la diputada Moye, las autoridades de la región piensan que la comisión quiere ingresar al Tipnis para anular la Ley 969 que eliminó su intangibilidad; sin embargo el Tribunal informó que llegará al país para conseguir información del Estado.

"Los corregidores están tomando medidas, porque ellos no pueden entrar sin permiso de las tres subcentrales, porque ellos están entrando allá para, supuestamente, sesionar para anular la ley que nosotros aprobamos el año pasado", explicó la autoridad legislativa en conferencia de prensa.

Para la diputada, hay mucho que celebrar a un año de haberse promulgado la ley. "Los habitantes de ciertas comunidades que viven en este territorio lograron acceder a viviendas, salud, telecentros, polideportivos y proyectos para unidades educativas, ahora queda pendiente el tema carretero, que también es un pedido de la gente", añadió.

La denuncia

Una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llegará al país para recabar información del Gobierno boliviano dentro del proceso presentado por dirigentes del Tipnis en noviembre de 2017.

En noviembre de 2017, el Tribunal recibió una denuncia presentada por el presidente de la Subcentral de Pueblos Indígenas del TIPNIS, Fabián Gil y la presidenta de la Organización de Mujeres del TIPNIS Marqueza Teco. En la denuncia se señala que la aprobación de la ley Nº969 que deroga la intangibilidad del TIPNIS y permite la construcción de una carretera que divide en dos su territorio es una violación de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra adoptada en 2010 en Tiquipaya, Bolivia.

El tribunal resolvió aceptar el caso y con el fin de recopilar más información y pruebas, decidió organizar la visita de una Comisión Internacional de Observadores e Investigadores al TIPNIS, para acumular “más evidencias de todos los actores involucrados y en particular del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, garantizando su derecho a la defensa”.

El tribunal además solicitó al Gobierno que “imponga una moratoria a la construcción de la carretera y los puentes, así como para las actividades de prospección y exploración de petróleo en el TIPNIS y en sus proximidades, hasta que el Tribunal haya concluido su labor. La adopción de tal moratoria es una medida cautelar apropiada para evitar posibles violaciones mayores de los derechos de la Madre Tierra y de los derechos de los pueblos indígenas”.