El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tratará en Sala Plena el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público en contra del expresidente Carlos Mesa y espera poder remitir el caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en dos semanas, informó hoy el magistrado Edwin Aguayo.

En conferencia de prensa, Aguayo señaló que primero se realizará una revisión de requisitos formales del requerimiento de la Fiscalía para iniciar un juicio de responsabilidades a Mesa por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, para luego ser debatido en  Sala Plena y después ser enviado a la ALP.

Ayer, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que, según procedimiento, el requerimiento acusatorio en contra del exmandatario deberá ser tratado en el TSJ, luego ser aprobado por una comisión mixta de la Asamblea; después ser apoyado por dos tercios de la Sala Plena de la ALP y recién se podrá dar inicio a las investigaciones del proceso penal.

Por su parte, Carlos Mesa auguró que todo ese proceso se llevará a cabo “en tiempo récord” y auguró que hasta finales de agosto ya haya una denuncia formal en su contra.

“Yo ya he sido condenado. Esta acusación que el Fiscal presenta al TSJ será pasado en tiempo récord a la consideración de la comisión mixta de la Asamblea, que ya está preparando el documento de ratificación de la acusación para pasarlo al pleno de la ALP que se reunirá y un par de horas después llevará adelante la acusación y dirá que se inicie un juicio de responsabilidades en mi contra. No tengan miedo en decir que ya estoy condenado”, señaló a los medios minutos después de conocer la decisión de la Fiscalía.

El pasado 22 de mayo, la Procuraduría presentó ante el Ministerio Público una proposición acusatoria contra Mesa por considerarlo responsable de que la empresa Quiborax haya denunciado al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por el que el país tuvo que pagar una indemnización de 42, 6 millones de dólares.