Caso Quiborax
Redacción Oxígeno
13/06/2018 - 12:23

El gobierno afirma que las denuncias de Mesa buscan despistar la investigación en su contra

El procurador subrayó que el fallo no se basó en el documento falsificado, sino en las acciones del gobierno de Mesa.

El Procurador Pablo Menacho en conferencia de prensa. Foto:Procuraduría

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, considera que la presentación de una denuncia del expresidente Mesa ante la Fiscalía es una estrategia para desestimar el juicio de responsabilidades en su contra. Ratificó que el expresidente es el principal responsable de que el Estado tenga que pagar $us 42,6 millones a la empresa chilena Quiborax, ya que en su gobierno se utilizó un procedimiento irregular para revertir los contratos de concesión en el Salar de Uyuni.

Menacho admitió que en el proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), fue presentado un documento falso, pero aclaró que el equipo de defensa de Bolivia denunció esta irregularidad como parte de su estrategia; sin embargo el tribunal arbitral no lo tomó en cuenta e instruyó al Estado a levantar el juicio contra el exaccionista de Quiborax, David Moscoso, por la falsificación del acta de constitución de la empresa.

El procurador subrayó que el fallo no se basó en el documento falsificado, sino en las acciones del gobierno de Mesa, que no realizó las seis auditorías técnicas, jurídicas, laborales, medioambientales y económicas para declarar nulas esas concesiones en un plazo de 60 días; por lo que Menacho aseguró insistirá en la demanda presentada en la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y conducta antieconómica.

"Con relación a este caso hay que tomar en cuenta dos aspectos principales, de por qué el Estado boliviano es condenado ante el CIADI. El Estado boliviano es condenado ante el CIADI porque el Gobierno del señor Mesa no cumplió con lo que establecía la Ley 2564", remarcó Menacho.

Precisó que Carlos Mesa no realizó el procedimiento de nulidad de concesiones mineras tal cual lo establecía el Código de Minería. "Encima de eso emite un Decreto ilegal que es el 27589, por el cual expropia las concesiones mineras de empresas chilenas", agregó.

"Con todo el cinismo del mundo el señor Mesa sale el día de ayer diciendo que el Estado boliviano, la defensa de Bolivia, no asumió una posición procesal fuerte, respecto a las ilegalidades que se cometieron, y demuestra el desconocimiento de Mesa respecto del proceso arbitral", remarcó.

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, en conferencia de prensa afirmó que el expresidente, Carlos Mesa, pretende despistar la investigación al lanzar estos datos. "El señor Carlos Mesa saca esta información como un señuelo para despistar de un tema central, que es el siguiente, qué bien que se hayan recuperado esas áreas del salar de Uyuni y que mal que se lo hiciera de mala manera", aseveró.

Según explicó, la falsificación del documento fue descubierta en el propio Gobierno de Evo Morales, que inició un proceso en el que se consiguió una sentencia “gracias a nuestra intervención, pero el problema es otro", aseveró.

"Esa demanda no la encontró el señor Carlos Mesa ni su abogado curioso (Carlos Alarcón), no lo encontraron ellos, no está mostrando nada nuevo, está ventilando el proceso que nosotros hemos realizado", explicó.

Antecedentes

El expresidente, Carlos Mesa, presentó ante la Fiscalía General del Estado un segundo escrito en el caso Quiborax, en el que denuncia y presenta pruebas de que el arbitraje demandado por esa empresa en contra de Bolivia “fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad” y no de un decreto emitido durante su Gobierno o el de Eduardo Rodríguez Veltzé.

El CIADI falló en contra de Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obliga a pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax por la reversión, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita que se ejecutó en el gobierno de Mesa (2003-2005). Según la información proporcionada por el Procurador, mediante la suscripción del Contrato Transaccional, Bolivia logró reducir la deuda a $us 42,6 millones.

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