El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, explicó en conferencia de prensa que el expresidente Carlos Mesa tuvo las herramientas jurídicas para anular las concesiones de la empresa chilena Quiborax y que a pesar de haber promulgado leyes y decretos para hacerlo no lo hizo.

El 4 de octubre de 2005, la empresa chilena Quiborax demanda al Estado boliviano con una base jurídica en el decreto 27589 de junio de 2014 que revoca la titularidad de concesiones en el delta del Salar de Uyuni; en el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, se abrogó ese decreto.

Para el ministro Navarro la defensa del Estado evitó que se pagara a la empresa chilena 150 millones de dólares, que fue el monto inicial de la demanda. Hoy debe pagar 48,6 millones de dólares para indemnizar a Quiborax por la reversión, en 2004, de las concesiones mineras que tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

La autoridad hizo la siguiente relación de los hechos, que en su explicación responsabilizan al expresidente Mesa:

• En mayo de 1986 el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro declara reserva fiscal 2,362.000 hectáreas del gran Salar de Uyuni, con el Decreto Supremo 21260, que prohibía entregar concesiones al interior del Salar.
• En abril de 1998, en el gobierno de Hugo Banzer Suarez, a solicitud del senador Gonzalo Valda del MIR se plantea la ley 1854 que reduce el perímetro a 1,344.000 hectáreas.
• Ese año, el exfuncionario del Ministerio de Minería, David Moscoso y accionista mayoritario de la compañía Rio Grande obtuvo las concesiones mineras de ulexita en el delta del Rio Grande del Gran Salar de Uyuni y las vendió a la empresa Quiborax.
• En 2003, el Gobierno de Carlos Mesa promulga la ley 2564 que restituye el perímetro del área fiscal donde existen yacimientos de boratos y ulexita y que obliga a realizar auditorias técnica, jurídica, laboral, medioambiental, económica para declarar la nulidad de la concesiones del área, para lo cual se dio un plazo de 60 días para que el Estado boliviano recupere concesiones, pero no se cumplieron los plazos.
• En junio de 2004, el expresidente Carlos Mesa dicta el Decreto Supremo 27589, que determina la nulidad de concesiones e incorpora la figura de la revocatoria que no estaría contemplada en la normativa minera ni anterior o la vigente. El decreto daba a la empresa un plazo de 30 días para que abandone el país y entregue las áreas.