El gobierno boliviano mantenía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una demanda de anulación contra el Laudo arbitral del 16 de septiembre de 2015, que concedía a la empresa chilena Quiborax S.A. una indemnización millonaria por haberse ejecutado una expropiación ilegal. La institución ligada al Banco Mundial, desestimó la petición del Estado boliviano que tendrá que pagarle US$48 millones.

El fallo, con fecha 18 de mayo de 2018, plantea en su decisión final "desestimar en su totalidad la solicitud de anulación" pedida por el Estado boliviano. Se explica que no se dieron ninguna de las razones que permiten la anulación de un laudo.

La empresa chilena Quiborax presentó una demanda en el Ciadi por 40 millones de dólares después de que sus concesiones mineras en el salar de Uyuni, fueran anuladas en 2004, durante el gobierno del presidente Carlos Mesa (2003-2005). En septiembre de 2015, el Ciadi resolvió que el Estado boliviano tendría que indemnizar a la empresa por US$48 millones

 El gobierno boliviano, a través de la Procuraduría General del Estado, presentó una medida cautelar en la que pidió que se levante el proceso penal contra Bolivia. En diciembre de 2017, el equipo de defensa legal del Estado boliviano presentó sus alegatos orales y explicó que el tribunal arbitral que emitió el Laudo actuó bajo una concepción subjetiva y parcializada en relación al tratamiento del caso y solicitó al Comité restablecer la justicia anulando el referido Laudo.

En 2004, el Gobierno de Carlos Mesa determinó retirar la concesión estatal otorgada a la empresa Quiborax, de capitales chilenos, que realizaba tareas de explotación de ulexita en el salar de Uyuni, La ulexita es un mineral que tiene su demanda en el mercado de la industria de cerámica y del vidrio.